La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que se opone a que el magnate ruso Mijaíl Fridman declare por videconferencia el próximo 7 de octubre porque quiere tener la posibilidad de pedir prisión provisional en una vista al término del interrogatorio si lo considera necesario.
"Son varias las razones para que el Sr. Fridman acuda al llamamiento del Juzgado, pero una es obvia y definitiva: la Fiscalía, tras la declaración judicial, podría solicitar la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De ello resulta que si el Juzgado acordara la misma, esta comparecencia deberá ser personal y en territorio español", dice el escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press.
Se refiere a la audiencia que puede instarse tras la declaración y en la cual las acusaciones tienen la oportunidad de solicitar el ingreso en prisión provisional o la libertad bajo fianza, un trámite en el que se prueba si es necesario y se escucha a las partes, y que debe celebrarse estando el investigado a disposición del Juzgado, no en el extranjero.
Fridman, tras recurrir sin éxito su imputación y conseguir un aplazamiento de la vista por cambio de su equipo jurídico, solicitó el pasado 5 de septiembre al Juzgado que se le permita declarar por videconferencia desde Reino Unido, atendiendo a su arraigo en aquel país y a que tiene programadas dos intervenciones médicas oftalmológicas en septiembre y octubre que desaconsejan desplazarse en avión durante un "tiempo prudencial".
"En cuanto a las demás alegaciones, relativas a prestar declaración en Londres mediante videoconferencia o mediante traslado de la Comisión Judicial a dicha ciudad, no pueden acogerse", añade la Fiscalía en su escrito al instructor, Manuel García Castellón.
Fridman está investigado por la presunta comisión de delitos de insolvencia punible, corrupción privada entre personas jurídicas, maquinación para alterar el precio de las cosas y administración desleal en el marco de la quiebra de Zed Worldwide.
En concreto, el juez acordó su imputación ante la sospecha de que maniobró desde las mercantiles Vimpelcom (ahora VEON) y el Amstedram Trade Bank para llevar a la asfixia a la mercantil española y poder adquirirla a un precio "irrisorio" por debajo del de mercado, camuflando tras sus subordinados el poder real que habría ejercido en las decisiones que se adoptaron.
