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Los fiscales encargados del caso antimonopolio contra Alphabet, la matriz de Google, han dado un paso más este jueves al exigir de manera formal a la Justicia que ordene la venta del navegador Chrome, para mitigar así su posición de dominio en el mercado. La compañía ha cedido un 4,74% en Wall Street, tras confirmarse una noticia que llevaba días sobrevolando los mercados.
El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ, por sus siglas en inglés) tiene una serie de demandas a mayores para la tecnológica, como la obligación de compartir datos y resultados de búsqueda con sus competidores o la prohibición para regresar al mercado de navegadores durante los cinco años posteriores a la venta de Chrome. Si estas medidas no logran incrementar la competencia, los abogados proponen que venda su sistema operativo móvil Android.
De acuerdo al escrito judicial, al que ha tenido acceso 'Reuters', Alphabet debe vender Chrome a un comprador aprobado por el Gobierno de EEUU, y es que la acusación considera que este navegador, junto al sistema Android, son los "métodos clave" para la distribución de los motores de búsqueda a los consumidores.
Por el momento, la venta de Android no aparece como una obligación para la compañía, aunque la Justicia advierte de que podría llegar a serlo si las otras medidas no tienen el efecto esperado sobre la competencia.
Además, la empresa no podrá realizar pagos a otras compañías para que incluyan Google como su buscador predeterminado, lo que podría suponer el fin de los contratos que actualmente mantiene con Apple.
Así, y si el juez acepta las propuestas, se producirá una transformación en el mercado de búsquedas en línea y la floreciente industria de la IA. El caso contra Google, que comenzó durante la primera administración de Donald Trump y continuó bajo la de Joe Biden, tuvo un antes y un después en agosto.
Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, ha afirmado que el Departamento de Justicia "sigue impulsando una agenda radical que va mucho más allá de las cuestiones legales de este caso". "Si el gobierno pone el dedo en la balanza de esta manera, perjudicaría a los consumidores, a los desarrolladores y al liderazgo tecnológico estadounidense precisamente en el momento en que más se lo necesita", ha concluido.
