Este lunes comienza una semana clave para Alcoa. Otra más. La compañía estadounidense se reunirá con los representantes de los trabajadores de su ya única fábrica en España, la factoría de San Cibrao (Lugo). Lo hará con la previsión de más de 500 despidos, casi la mitad de su plantilla, y con las dudas sobrevolando la que fue hasta hace unos meses otra de sus plantas en España, la de Avilés (Asturias), donde crecen las voces reclamando un nuevo plan de futuro para garantizar su continuidad.
La raíz del problema es cuál es el proyecto para la factoría tras cambiar dos veces de propietario en sólo unos meses. Primero, hace un año, Alcoa vendió esta instalación (además de la fábrica de La Coruña, que vive la misma situación) al fondo suizo Parter Capital. Segundo, el pasado mes de abril, la firma helvética la revendió al que teóricamente iba a ser un socio industrial, Riesgo, que iba a relanzar su producción.
Ahora surgen dudas. La pasada semana el Gobierno del Principado, reclamó tanto a Parter Capital como a la propia Alcoa que “reviertan” la situación, según exigió el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica de Asturias, Enrique Fernández, quien ve indicios de “insolvencia” en Riesgo, que no ha presentado a la Administración autonómica información fidedigna sobre su solvencia económica y técnica.
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BÚSQUEDA DE UN NUEVO COMPRADOR
En concreto, el Gobierno asturiano pide volver atrás en el calendario, hasta el pasado mes de julio, y encontrar un nuevo comprador para la fábrica que la deje “en manos de un gestor que garantice su viabilidad industrial y el empleo”.
Asturias ya ha pedido la intervención del Ministerio de Industria, que también tiene sobre la mesa el problema de la fábrica de San Cibrao. De hecho, para esta factoría la búsqueda de un comprador, de momento, no se perfila como una de las soluciones; sino que, a día de hoy, la negociación está centrada en el recorte de plantilla.
La multinacional estadounidense, de momento, se reserva sus cartas. No indica qué prevé tratar en la última semana de reuniones informales con los representantes de la plantilla, sólo que aspira a hacer progresos porque no hay ninguna decisión definitiva tomada, aunque mantiene la cifra de 534 despidos.
En las reuniones de la última semana, el Ministerio de Industria aseguró que ultima el proyecto la rebajar los costes energéticos de las industrias electrointensivas, una de las exigencias marcadas por Alcoa. A cambio, el Ejecutivo pide a la empresa que dé un paso atrás y garantice la continuidad de la factoría de Lugo. Habrá que esperar a esta próxima semana para que, unos y otros, desvelen sus exigencias finales.
