Aguas de Barcelona (Agbar) traslada su domicilio social a Madrid

La Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) se suma a la lista de empresas que en los últimos días ha decidido salir de Cataluña ante la incertidumbre política existente en la comunidad. El consejo de administración de la compañía ha decidido este sábado trasladar "de forma temporal" su domicilio desde la capital catalana a Madrid. Con ello, según ha comunicado, busca "preservar la seguridad jurídica de los inversionistas". Y ha indicado que, en ningún caso, la medida supondrá "afectación alguna al servicio" que las diferentes operadoras prestan en todo el territorio catalán.

Agbar celebra este 2017 su 150º aniversario. Actualmente está participada en su totalidad, tal y como informa EFE, por Suez Environnement España, empresa perteneciente al grupo francés Suez, que también ha mudado a la capital de España su domicilio social.

La sociedad es accionista de diversas operadoras del ciclo integral del agua en Cataluña como Aigües de Barcelona y Sorea

Asimismo, la sociedad es accionista de diversas operadoras del ciclo integral del agua en Cataluña como Aigües de Barcelona y Sorea, entre otras, según recoge Europa Press. Ambas aún mantienen su domicilio social actual, según ha informado en el comunicado la sociedad.

CRITERIACAIXA A PALMA DE MALLORCA

Este sábado también ha anunciado su salida de Cataluña CriteriaCaixa, el holding de inversiones participado al 100% por la Fundación Bancaria "la Caixa". En concreto, la compañía se va a mudar a Palma de Mallorca mientras "se mantenga la actual situación" en Cataluña.

DECRETO LEY DEL GOBIERNO

El Gobierno, además, ha querido facilitar la salida de las empresas de la comunidad autónomas a través de la aprobación este viernes de un nuevo decreto ley. Con él se aprueban una serie de medidas urgentes "en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional".

Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, indicó que la norma se establece "a instancias de las propias empresas". Así lo dijo ante los medios en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras el 1-O, en la que estaba acompañado de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, y Álvaro Nadal, ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Así, el decreto ley establece que solo será necesario la aprobación del consejo de administración, salvo que los Estatutos digan lo contrario. Ha entrado en vigor este sábado, 7 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tal y como comunicó ayer De Guindos.