La prisa que se ha dado el Gobierno en funciones en garantizar la suspensión de los diputados independentistas presos, que han jurado su cargo este martes, tiene una justificación de cara a la sesión de investidura. Justo antes de que la XIII legislatura echara a andar, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, calificó de “obvio” que los presos independentistas no puedan ejercer el cargo como parlamentarios y sean relevados de sus deberes por la Mesa del Congreso. Una jugada que puede salirle redonda a los socialistas, ya que la investidura de Pedro Sánchez se decide por un puñado de votos y un diputado suspendido computa como una abstención.
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“Neutralizando estos votos, los socialistas decantan la balanza a su favor y se allana el camino para alcanzar la aritmética parlamentaria que les permita investir a Sánchez en segunda vuelta”, explica Jordi Pacheco i Canals, decano del Colegio de Politólogos de Catalunya. En cuanto la más que probable suspensión de los diputados de ERC, Oriol Junqueras, y de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, se materialice, en lugar de contar sobre una base de 350 diputados, se pasa a hacerlo sobre 346. “La mayoría absoluta sigue siendo 176”, explica, pero lograr que los ‘síes’ superen a los ‘noes’ en la segunda votación es más asequible, ya que se parte con cuatro abstenciones”, explica el politólogo.
De hecho, de todas las quinielas posibles, la suma de PSOE, Unidas-Podemos, PNV y Compromís, respaldos que el actual jefe del Ejecutivo en funciones tiene a priori asegurados, le deja a dos votos de revalidar el cargo. Sumaría 172 escaños de los 174 que requerirá si los diputados enjuiciados en el Tribunal Supremo se mantienen apartados. El apoyo de, por ejemplo, Coalición Canaria y PRC ya le granjearía la victoria y no requeriría la abstención de los independentistas catalanes ni vascos. Una combinatoria como la que ha aupado a la socialista Meritxell Batet a la presidencia del Congreso
Los grupos parlamentarios de ERC y Junts per Catalunya pueden decidir reemplazar a los presos en cuanto se retire los derechos y deberes parlamentarios de Junqueras, Sánchez, Turull y Rull. “Se necesita su renuncia para que corra la lista hasta los siguientes candidatos”, expone el decano del Colegio de Politólogos. En tal caso, los socialistas volverían a la casilla de salida, pero con el handicap mayor de que no pueden contar con la abstención de republicanos y postconvergentes. El veto al primer secretario del PSC del Parlament que impidió a Miquel Iceta ser el presidente del Senado y la decisión sobre los presos soberanistas imposibilita una abstención de estos grupos, por lo que el PSOE deberá fiarlo todo a la carta de Bildu o de Navarra Suma.
EN PAUSA HASTA EL 26 DE MAYO
No obstante, nadie moverá ficha hasta pasadas las elecciones municipales, autonómicas y europeas del domingo, 26 de mayo. Después de este fecha, comenzarán las conversaciones a fin de organizar la investidura. Entretanto, PP, Ciudadanos y Vox han expresado su intención de solicitar que la Mesa del Congreso deje en suspenso la actividad parlamentaria de los cuatro diputados, así como del senador, Raül Romeva, que también ha jurado su cargo este 21 de mayo.
Aseguran que no es necesario tramitar el suplicatorio por la Cámara para proceder a apartarlos, sino que esta opera inmediatamente por el artículo 71.2 de la Constitución, que detalla que los diputados y senadores no pueden ser "inculpados ni procesados" sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
En este sentido, y "descartada por el Alto Tribunal la necesidad de tramitar" dicho suplicatorio para proceder contra los parlamentarios, expertos consultados recuerdan que el artículo 21 del reglamento de la Cámara Baja prevé que un parlamentario se encuentre en situación de prisión preventiva. El reglamento explica en el citado artículo que el diputado que se encuentre en esa disyuntiva "quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios" cuando, "concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”, matizan. Asimismo, destaca que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.
Según fuentes consultadas, la otra opción es apelar al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
ASÍ SE DESARROLLA LA INVESTIDURA
No obstante, según fuentes próximas, la Mesa del Congreso no tendrá prisa por resolver los recursos de la oposición para apartar a los cinco presos soberanistas. Prevén dejarlo en manos de los letrados de la Cámara Baja, aunque todo hace presagiar que finalmente serán suspendidos. Además, Junqueras deberá renunciar a su acta de diputado en las cortes españolas si quiere jurar el cargo como Europarlamentario, si sale elegido en los comicios de la Unión Europea (UE). En ese caso, sí sería sustituido, reduciendo a tres el número de diputados que contarían como una abstención en la investidura.
El Gobierno en funciones prevé que la sesión para nombrar presidente a Sánchez tenga lugar a finales de junio o a principios de julio. Así lo confirmó la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el pasado viernes. Hasta llegar a este punto, se deben suceder una serie de hechos. Después de la sesión de Constitución del Congreso y el Senado, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se dirigirá al Palacio de la Zarzuela para informar al Rey para que abra una ronda de consultas, el paso previo a la Sesión de Investidura.
Al constituirse el Congreso se abre un plazo de cinco días para formar los grupos parlamentarios siguiendo las previsiones reglamentarias. La Mesa del Congreso debe ratificarlos en torno al 28 de mayo para constituir la Junta de Portavoces, que es el órgano que debe ordenar el Pleno de Investidura, cuando se convoque.
Será investido presidente aquel candidato que consiga la confianza del Congreso por alguna de estas dos vías: en la primera votación sumando la mayoría absoluta (176 diputados) o, en una segunda oportunidad, 48 horas después, logrando más votos a favor que en contra. Si no se ha logrado la investidura, tras la primera votación fallida comienza a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos.
