Los resultados de estas elecciones no facilitan la gobernabilidad pero si pueden dar pie a un gran pacto constituyente, auspiciado precisamente por el hecho de que no sea posible decantar un gobierno sólido y fuerte.
Quedan dos posibilidades: considerar insoluble el sudoku electoral y apostar por nuevas elecciones, o buscar un pacto instrumental constituyente.
En efecto, la coalición de izquierdas PP-PSOE es prácticamente inviable por la polaridad existente entre ambas fuerzas y porque necesitaría el apoyo del nacionalismo soberanista catalán, algo impensable en las actuales circunstancias. Y la gran coalición PP-PSOE, muy difícil de justificar en nuestro contexto (esto no es Alemania, donde la convergencia en el centro es una protección histórica frente a los fascismos) e incoherente con la confrontación habida durante la campaña electoral, abriría definitivamente un abismo insuperable entre la vieja y la nueva política y no resolvería en absoluto los problemas estructurales y de decrepitud institucional que tiene este país, y que son los causantes del actual bloqueo.
Así las cosas, quedan dos posibilidades: considerar insoluble el sudoku electoral y apostar por nuevas elecciones, o buscar un pacto instrumental constituyente, aprovechando precisamente la feliz coyuntura de que no hay modo de formar coaliciones ‘fuertes’, inclinadas por ello mismo a la inflexibilidad.
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LO QUE TENDRÍAN QUE LOGRAR...
Dicho pacto habría de estar encabezado por el PP, que ha ganado las elecciones y que formaría un gobierno de gestión, encargado del día a día conforme a un plan consensuado, cuya misión principal sería convocar un gran acuerdo entre las cuatro grandes fuerzas y las minorías que quisieran integrase. Podemos tiene algunas discrepancias ideológicas de fondo que lo alejan de los otros tres grandes grupos pero también muestra una amplia zona de contacto con ellos.
Dicho pacto, que debería desarrollarse durante un periodo de tiempo de entre dieciocho meses y dos años, habría de acordar la reforma constitucional controlada, incluidos aquellos elementos –reconocimiento de la plurinacionalidad de este país, con todas las consecuencias culturales- que contribuyan a pacificar el conflicto catalán; también habría de lograr una nueva ley electoral y una ley de partidos acordadas con el máximo consenso.
En definitiva, se trataría de llevar a cabo una segunda transición para modernizar y poner al día el orden institucional, salvando el espíritu conciliador de la Constitución de 1978. El ulterior referéndum constitucional y, en su caso, el que sancionase una nueva reforma estatutaria catalana plasmarían el tan reclamado ‘derecho a decidir’ de los catalanes y cerrarían definitivamente el pleito abierto.
Si cala esta propuesta, que va en línea con algunas de las primeras declaraciones de los líderes tras las elecciones, el PP debería poner en pie el gran proyecto. Con Rajoy al frente o –eso habría también que debatirlo y acordarlo- con una persona de más perfil gestor y técnico en su lugar.
Antonio Papell
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