En la mayor parte de España comienza el curso escolar entre el 8 y 12 de septiembre, con las nuevas leyes de Protección a la Infancia y Formación Profesional. Esto supondrá un esfuerzo de adaptación a alumnos y profesores, quienes tendrán que implantar los currículos aprobados a principios de año -lo que se aprende en las aulas y el modo de hacerlo- en 1º, 3º, 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria, 1º de Bachillerato y FP.
Más de 700.000 profesores de enseñanzas no universitarias deberán aplicar los cambios derivados de la última reforma educativa, lo que implica pasar del mero conocimiento enciclopédico al competencial. Este aspecto ha generado polémica entre grupos políticos y asociaciones de padres y madres de alumnos, ya que hay quien entiende estas nuevas reglas como un atentado contra la cultura del esfuerzo que adoctrina a los niños a través de los nuevos contenidos que ha introducido la Ley Celaá.
En este contexto, sindicatos, profesores y editoriales de libros de texto se han quejado de la incertidumbre de este curso debido a los retrasos en la publicación de los reales decretos que regulan los currículos, tanto por parte del Ministerio de Educación como de las comunidades autónomas que deben completar los mínimos regulados por Educación.
El panorama actual cuenta con ocho comunidades que tienen aprobados sus decretos autonómicos: Baleares, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Valencia y La Rioja. Asimismo, siete comunidades no han publicado ninguno, en este caso serían: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, y País Vasco. De esta manera, el resto de las comunidades solo han publicado algunos de sus decretos, según la patronal de los libros de texto Anele.
Los cambios principales a los que obligó a finales del año pasado la Ley Celaá y algunas de las que se estrenarán este curso, que van desde la forma de pasar de curso y de evaluar, a impartir nuevas asignaturas y optativas, y aplicar una metodología distinta de enseñar y aprender.
CAMBIOS DE LA LEY CELAÁ EN CADA GRADO EDUCATIVO
En el caso de bachillerato se establecen 3 nuevos elementos claves: se permitirá pasar de 1º a 2º con dos suspensos y obtener el título con una pendiente; el currículo será con perspectiva de género transversal y enfocado al perfil laboral; habrá una nueva modalidad general y nuevas asignaturas como: Emprendimiento y Actividad Empresarial, Cultura Audiovisual e Historia de la Filosofía.
Por otro lado, en secundaria una de las novedades es que el número de suspensos no será criterio determinante a la hora de promocionar curso, es decir se evitará obligar a repetir el curso, debido a que la decisión final estará en manos del profesorado dependiendo si el colegiado ha alcanzado los objetivos de la etapa. Así, la permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá usar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Esto se debe y fundamenta en los datos de España que casi triplica su cifra de repetidores con respecto a los países de la OCDE, 9% frente al 1,9%.
Por su parte, la educación primaria se regirá por una evaluación global continua y formativa, por lo que sus resultados se expresarán sin números. La Ley Celaá modifica de forma significativa esta enseñanza, recuperando los 3 ciclos anteriormente existentes y reordenando las áreas para favorecer el desarrollo de las competencias. todas las áreas promoverán la igualdad entre hombres y mujeres la educación para la paz y la educación para la salud incluida la afectivo-sexual.
Con respecto a la educación infantil, El real decreto de enseñanzas mínimas dota por primera vez de carácter educativo al primer ciclo, de cero a 3 años, con lo que dejará de ser solo de carácter asistencial y de cuidados.
En el ámbito de la Formación Profesional, la nueva ley de FP, facilita a estudiantes y trabajadores la formación continua a lo largo de su vida y promueve las prácticas en empresas. Habrá un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total del aprendizaje, en función de la FP que se elija, y un contrato de formación remunerado en los términos que determine la legislación laboral. Se transforma el sistema de acreditación por competencias para reconocer la experiencia profesional de 11 millones de trabajadores.
