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Una profesora imparte una clase en el aula de un colegio.EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El sindicato docente ANPE ha afirmado que la 'Ley Celaá', como se conoce la reforma de la ley educativa que preparó el Gobierno de Pedro Sánchez y no llegó a tramitarse parlamentariamente, ofrece una versión "muy parcial y sesgada" sobre "los verdaderos retos y desafíos a los que se tiene que enfrentar el sistema educativo", y reclama al próximo Ejecutivo que recupere un "Pacto por la Educación" para dar "estabilidad" al sistema educativo.

En un comunicado, el sindicato presidido por Nicolás Fernández hace balance del curso académico 2018-2019, que comenzó con un Gobierno que "se enfrentó a la compleja situación derivada de una difícil aritmética parlamentaria, lo que dificultó la posibilidad de alcanzar acuerdos para impulsar cualquier reforma educativa".

Esta circunstancia, según ANPE ha impedido "acometer ninguna reforma educativa profunda", aunque el Gobierno socialista llegó a aprobar el pasado 15 de febrero, justo el día que se adelantaba la convocatoria de elecciones generales, el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que "pasó fugazmente por la mesa sectorial" y abordaba "aspectos de la ordenación académica sin modificar la estructura y el modelo de nuestro sistema educativo y sin acometer la situación del profesorado", en opinión del sindicato.

"Tras las elecciones generales, este final de curso coincide con la apertura de una nueva legislatura y la configuración de un nuevo gobierno aún sin formar", expone ANPE en el comunicado, donde recuerda sus reclamaciones al próximo Gobierno, que considera "imprescindibles para la mejora del sistema educativo, de la enseñanza pública y de las condiciones laborales del profesorado".

Entre ellas, la creación de una Ley de la profesión docente y un Estatuto de la Función Pública Docente que "recoja y desarrolle la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública docente hasta la jubilación". También el aumento de la inversión en educación "con un mínimo de un 5% del PIB" y ampliar las ofertas de empleo público para "dotar de estabilidad a las plantillas" con "un sistema de acceso transparente y más garantista" que tenga en cuenta "la experiencia docente al máximo legal y jurisdiccional permitido".

Además, ANPE reclama una "equiparación salarial con los funcionarios docentes mejor pagados en el conjunto del Estado" y la revisión de los reglamentos orgánicos de centro para devolver el liderazgo educativo a los Claustros de Profesorado". Del mismo modo, el sindicato pide "un horario lectivo máximo para todo el Estado con idéntica implantación en las comunidades autónomas" que marque en Infantil y Primaria un horario lectivo de 23 horas y en el resto de las enseñanzas 18 horas lectivas como máximo.

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