- Se sigue la línea de los años anteriores en la normativa regulatoria de las becas, aunque con dos matices
- El Gobierno ha reclamado el importe de sus becas a 117.952 alumnos desde el curso 2012/2013
- También se ha autorizado el reparto de ayudas por más de 32 millones de euros para la amortización de largometrajes correspondiente al año 2017
El Gobierno ha aprobado este viernes, en el penúltimo Consejo de Ministros antes del periodo de vacaciones, el Real Decreto con los umbrales de renta y las cuantías de becas para el curso 2017-2018. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Ejecutivo, ha explicado que esta medida se ha tomado bajo la consideración del Gobierno de las becas como "un derecho subjetivo del estudiante".
El objetivo principal del Gobierno es que "nadie abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos”, según ha declarado Méndez de Vigo. Así, este Real Decreto se refiere a las ayudas dirigidas a los estudiantes de bachillerato, grados de Formación Profesional (FP), enseñanzas universitarias y enseñanzas en régimen especial.
Se sigue la línea de los años anteriores en lo que respecta a los umbrales de renta, aunque este curso sufre dos matices
Con esta nueva normativa se sigue la línea de los años anteriores en lo que respecta a los umbrales de renta, aunque este curso sufre dos matices: por un lado, los módulos del Grado Medio de Formación Profesional que resultan automáticamente convalidados en algunas enseñanzas de Grado Superior se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos; por otro, se recoge la sustitución de la antigua PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) por la actual EvAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad).
Así, Méndez de Vigo ha explicado que se mantienen los umbrales de renta y de patrimonio de los pasados cursos, al igual que los "requisitos académicos" para poder obtener estas ayudas con el fin de “estimular” el interés de los estudiantes y "premiar" su esfuerzo.
También ha querido destacar el portavoz del Gobierno el “récord histórico” de la cantidad destinada a financiar las becas: más de 1.420.000 euros en 2017, un 0,26% más que el pasado año. Además, en los últimos años "ha ido aumentando" el número de becarios, según el ministro, situándose el pasado curso en 674.645 en la convocatoria general y 95.599 en la convocatoria para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE).
Méndez de Vigo no ha hecho referencia al encierro de un grupo de estudiantes la semana pasada en uno de los edificios del Ministerio de Educación
Méndez de Vigo, en cambio, no ha hecho ninguna referencia en su comparecencia al encierro en uno de los edificios del Ministerio de Educación que protagonizaron un grupo de estudiantes la semana pasada, precisamente para reclamar más negociaciones sobre los umbrales de renta de las becas.
Cabe indicar que el Gobierno también ha autorizado este viernes al Instituto de la Cinematografía el reparto de ayudas por un valor superior a los 32 millones de euros para la amortización de largometrajes correspondiente al año 2017.
RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN
El Gobierno ha reclamado el importe de sus becas a 117.952 alumnos desde el curso 2012/2013, al considerar que no cumplen los requisitos necesarios para su concesión, según reveló el propio Ejecutivo a través de una respuesta parlamentaria.
Desglosado por cursos académicos, el Ejecutivo precisa que en el 2012/2013 se abrieron un total de 39.185 expedientes de devolución, entre los que se incluyen las becas a nivel universitario como no universitario, mientras que en el curso siguiente bajó hasta los 31.229. Este descenso se mantuvo en los dos años siguientes, con 25.910 peticiones de devolución en 2014/2015 y 21.628 en 2015/2016.
"DEJA FUERA A MUCHOS"
Asociaciones de estudiantes han mostrado su rechazo al Real Decreto de becas aprobado por el Gobierno este viernes porque consideran que "deja fuera a muchos estudiantes". "Es un decreto que no nos gusta en absoluto porque deja a muchos estudiantes fuera, diga lo que diga el ministro", ha asegurado el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco y portavoz del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), Jon Ander González.
González ha precisado en declaraciones a Europa Press que el texto no recoge sus reclamaciones y que, a pesar de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, diga que el objetivo del Gobierno es "que nadie deje de estudiar por motivos económicos", con este Real Decreto "eso sí va a pasar". En concreto, entre las reclamaciones de los estudiantes se encontraba la de bajar el requisito de la nota del 6,5 actual al 5 porque entienden que "todo el que aprueba tiene derecho a seguir en la Universidad".
Sobre la cultura del esfuerzo a la que se ha referido el ministro, critica que "se mantiene el esfuerzo solo para el que no tiene dinero pues el que lo tiene puede sacar una nota inferior y seguir estudiando". También exigen que la beca sea un derecho subjetivo y que el porcentaje de asignaturas aprobadas para obtener la ayuda del Estado disminuya.
En todo caso, de cara al curso 2018-2019, Méndez de Vigo anunció que están dispuestos a "mejorar" el sistema de becas, cuando se cumplen cinco años de su última modificación. "Eso es precisamente lo que firmamos nosotros como compromiso con el Ministerio y trabajaremos en grupos para que nuestras exigencias se cumplan", ha precisado el portavoz de la CEUNE.
La "escasa o nula capacidad o voluntad" de diálogo del Ministerio de Educación hace que la CREUP se posicione "en contra" del Real Decreto
En la misma línea, el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), Francisco Jiménez, se ha posicionado "radicalmente en contra" del Real Decreto de Becas. "Es un Real Decreto con el que no podemos estar de acuerdo porque tiene aspectos que suponen un perjuicio para los estudiantes universitarios", ha precisado. Además, ha añadido que también hace que se posicionen "en contra" la "escasa o nula capacidad o voluntad" de diálogo del Ministerio de Educación.
Igualmente, ha lamentado que no se haya incluido su solicitud para que se actualizaran los umbrales de renta "a la realidad actual de las familias", así como para que los condicionantes académicos "se rebajaran" y "no exigir la nota media más allá del cinco".
En este sentido, el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Carles López, ha indicado que "el Ministerio no puede seguir dando la espalda a los estudiantes, menos aún en un tema tan importante como las becas".
Por su parte, la secretaria de organización del Sindicato de Estudiantes, Mónica Caballero, ha tachado de "escándalo" que el Gobierno mantenga los mismos umbrales y continúe con "la misma política de becas" porque, a su juicio, no soluciona "el desastre que ha provocado el Gobierno del PP" en cuanto "al acceso de los hijos de los trabajadores a la universidad pública". "Un Real Decreto que no solucione esto, que no haga efectiva una bajada sustancial en las tasas que resuelva el problema al que nos enfrentamos los estudiantes hijos de trabajadores, nos parece que es una auténtica provocación por parte del PP", ha subrayado.
Para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, con la aprobación de este Real Decreto, el Gobierno "sigue dificultando" la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la enseñanza porque, en su opinión, las condiciones que mantiene "desvirtúan totalmente" los fines de las becas y ayudas, y contribuyen a "excluir a muchos estudiantes" de los niveles postobligatorios.
En la misma línea, el sindicato, a través de un comunicado, defiende que las rentas de las familias han de ser "prioritarias" a la hora de otorgar las becas, "por encima de cualquier otra consideración", como las notas obtenidas por los alumnos. "Los umbrales que se establecen dejan fuera a miles de estudiantes, como ha quedado patente en los últimos años", critica.
AMENAZA CON RETIRAR A CATALUÑA DEL FLA
A pesar de todo, la noticia de este Consejo de Ministros es la amenaza del Gobierno de retirar a Cataluña del FLA si destina dinero al referéndum. Una medida destinada a asegurar que el "acto ilegal” del referéndum del 1 de octubre no pueda ser pagado con “dinero público”, según Íñigo Méndez de Vigo.