La Xunta de Galicia ha trasladado este lunes al representante de la UE en la Organización Mundial del Comercio (OMC) del riesgo de que la flota gallega entre en pérdidas si se eliminan o reducen las bonificaciones a los combustibles.
Así lo ha manifestado la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en un encuentro en Ginebra con el representante permanente de la Unión en la OMC, Joao Aguiar, a quien ha expresado la "preocupación" del gobierno gallego si, finalmente, se materializa la eliminación o rebaja de esas ayudas.
Al respecto, ha recordado que un informe encargado por la Xunta (y que Quintana ha entregado a Aguiar) ya advierte de que la desaparición de esas ventajas fiscales se traduciría en que buena parte de la flota pesquera gallega dejaría de ser rentable.
De este modo, con ese estudio (elaborado por el Grupo de Investigación en Economía Pesquera y de los Recursos Naturales de la Universidade de Santiago de Compostela) se busca que las autoridades implicadas en la toma de decisiones "sean conscientes de las consecuencias negativas que pueden tener para el sector", así como explicar las incidencias de esa posible medida en la flota, tanto desde el punto de vista jurídico, como ambiental y económico.
El informe analiza tres posibles escenarios, desde una menor a una mayor presión fiscal, y expone que, en la peor de las situaciones, incluso la flota que menor impacto sufriría, la de artes menores, obtendría un beneficio anual (17.500 euros) por debajo del salario bruto medio de Galicia (cerca de 22.200 euros). Mientras, las flotas más afectadas, las de arrastre y palangre de altura y gran altura, "entrarían en pérdidas estructurales".
Según el análisis realizado, el peso del gasto en combustible varía, en función de la flota, entre el 20% (en la pesca de bajura) y el 44% (en la pesca de altura). Por ello, Rosa Quintana ha explicado a Joao Aguiar que una mayor presión fiscal "provocaría el abandono de la actividad", su desarrollo en zonas más próximas a la costa o la reducción de la velocidad de los barcos, con el consiguiente retraso en la llegada a los puertos (que reducirá la frescura de la pesca y su valor).
Desde el punto de vista jurídico, ha recordado la conselleira, existe un estudio de la Fundación MarInnLeg que alerta de la necesidad de que cualquier regulación de la fiscalidad de combustibles tenga en cuenta la finalidad para la que son empleados. Al respecto, ha recalcado, la pesca es una actividad dirigida al abastecimiento de alimentos y con una de las huellas de carbono más bajas.
En la reunión, Quintana también ha subrayado la importancia de que todas las normativas estén coordinadas, para que no haya solapamiento entre las medidas de la UE y las de la OMC o de otros organismos. Asimismo, ha explicado que el informe entregado este lunes también recoge un estudio del Biogroup de la USC, sobre la "necesidad urgente" de comprender los impactos ambientales de la pesca y la acuicultura, para una mejor gestión y sostenibilidad.
OTRAS REUNIONES
Por otra parte, Rosa Quintana también se ha reunido este lunes con la embajadora de la Representación Permanente de España ante la ONU, Aurora Díaz-Rato, a la que también ha entregado el informe sobre las bonificaciones de los combustibles.
Estas reuniones se suman a otros encuentros ya celebrados con altos cargos de la Comisión Europea "con el objetivo de defender los intereses de la flota gallega" en el debate sobre las bonificaciones a los combustibles.
Así, Rosa Quintana se ha reunido con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, y con representantes de las direcciones generales de Fiscalidad y Unidad Aduanera (DG Taxud) y de Competencia (DG Competition). También ha habido contactos con la Dirección General de Comercio de la Comisión y se ha enviado el informe a la Secretaría General de Pesca del Ministerio y a la representación permanente de España ante la UE.