Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que busca eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, tributo cedido a las comunidades autónomas y que, a su juicio, "se enfrenta a numerosos problemas de legitimidad social". Además, justifica esta medida por "el brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la pandemia" de coronavirus.
Así, asegura que se trata de "la figura impositiva más polémica" del sistema tributario español ante la "elevada desigualdad en función de la región en la que se resida, donde se encuentren los bienes o derechos heredados".
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"Se trata de una figura impositiva que carece de igualdad en la materialización de los principios de distribución, progresividad y de igualdad", asegura en un comunicado la portavoz fiscal de esta formación en la Cámara baja, Inés Cañizares, firmante de la iniciativa junto con sus portavoces, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.
Este impuesto se aplica tras la adquisición de los bienes y derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado, donación o por ser beneficiario de contratos de seguros. Las comunidades autónomas tienen competencias normativas de gestión, recaudación e inspección del mismo.
ASEGURA QUE SU UTILIDAD "ESTÁ EN ENTREDICHO"
Vox justifica la necesidad y conveniencia de la iniciativa ante el "brusco incremento en las cifras de fallecimientos registrados en España como consecuencia de la pandemia" y por ello aboga por "una transformación de calado en el sistema tributario que ponga fin, de una vez por todas, a un impuesto cuya utilidad, operatividad y legitimidad están en entredicho".
Asimismo, inciden desde este grupo en "la baja aportación del impuesto al sostenimiento del Estado del bienestar en relación con su elevado rechazo social" algo que, apostillan, "contribuye en gran medida al éxodo fiscal".
"Funciona como doble impuesto, al gravar de nuevo rentas o bienes que ya tributaron en su momento por uno o varios conceptos", esgrime Cañizares, que asegura que "muchos contribuyentes, al tiempo de recibir a una herencia, deben acudir a herramientas de financiación bancaria para enfrentar la cuota del impuesto".
Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar la tramitación de iniciativas legislativas si considera que suponen una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.
Así, en la presente legislatura el Ejecutivo ya ha vetado otra iniciativa legislativa, una proposición de ley, en este caso del PP, que buscaba acabar con el Impuesto del Patrimonio a través de la bonificación del 100% de la cuota del tributo.
