Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán este viernes para debatir sobre el paquete de medidas de emergencia para intervenir el mercado energético europeo, entre ellas la reducción del 10% del consumo de la electricidad o la tasa de "solidaridad" de las compañías de combustibles fósiles.
Los titulares de Energía de los Veintisiete tratarán de llegar a un acuerdo sobre una batería de medidas planteadas por la Comisión Europea como fijar una reducción de la demanda de electricidad voluntaria y obligatoria, así como un sistema para recuperar los beneficios extraordinarios de las productoras de electricidad inframarginales y la contribución de solidaridad para las firmas de combustibles fósiles. Tres medidas para las que a priori hay un amplio consenso entre los países de la UE.
Así, los ministros de Energía discutirán sobre la propuesta de Bruselas de reducir la demanda de electricidad un 10% hasta finales de marzo de 2023. Una medida en el marco de la cual se ha planteado fijar una disminución obligatoria del 5% del consumo de electricidad durante las horas de máximo consumo.
Además, los Veintisiete abordarán la propuesta del Ejecutivo comunitario de recuperar los ingresos extraordinarios de las tecnologías productoras de electricidad inframarginales, es decir, las que ahora mismo producen electricidad a precios inferiores a los del gas y la venden el mercado mayorista de electricidad (pool).
Así, a través de este instrumento se plantea reutilizar los beneficios extras de estas tecnologías para apoyar a los consumidores más vulnerables a través de la fijación de un precio máximo de 180euros/MWh al que estas tecnologías inframarginales, como renovables y nuclear, pueden vender la electricidad.
La tercera medida a debate es la aplicación de una "contribución" o impuesto del 33% a los beneficios de las empresas intermediarias de comercialización de combustibles fósiles, como petroleras o gasísticas, sobre los beneficios extraordinarios obtenidos a partir de 2022 que se sitúen un 20% de la medida de los últimos tres años fiscales, es decir, desde enero desde 2019.
Los Veintisiete debatirán, además, el documento de trabajo presentado esta semana por el Ejecutivo comunitario y en el que propone fijar un tope al precio del gas natural en el sistema de formación de precios del mercado eléctrico, con una fórmula similar a la denominada 'excepción ibérica', la medida con la que España y Portugal han podido limitar de manera temporal el precio del gas para la producción de electricidad y contener la escalada de precios de la energía.
Además, los ministros de Energía abordarán sobre otra de las patas del documento del Ejecutivo comunitario que se basa en establecer un precio máximo al precio de las importaciones de gas de Rusia al mercado comunitario, sea a través de gasoducto o en forma de Gas Natural Licuado (LNG) para reducir la influencia del Moscú en el mercado energético europeo.
No será, sin embargo, en el encuentro de este viernes cuando se dilucide una decisión al respecto ante la falta de consenso entre los países, teniendo en cuenta que esta misma semana 15 Estados miembro presentaron una propuesta a Bruselas para que planteara establecer un límite a todas las importaciones de gas a la UE, una medida que la Comisión Europea ha valorado que plantea más riesgos que limitar este tope al gas ruso, según han explicado fuentes comunitarias.
La propuesta de Bruselas tiene otro de sus pilares en los acuerdos para la importación de gas a la UE con socios de confianza, una propuesta con la que reforzar el poder de negociación de la UE y contener la escalada de precios en los mercados.
LAS FUGAS EN NORD STREAM 1 Y 2
Además, a petición de Suecia y Alemania, los ministros de Energía abordarán las fugas producidas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, considerando que esta misma semana la Unión Europea ha apuntado que los daños se deben a "actos deliberados" y ha avisado de que responderá de forma "unida y sólida" si se demuestra que la fuga fue provocada.
En un punto de información en el que se espera que todos los Estados miembros se pronuncien, los países compartirán sus preocupaciones por los riesgos que entrañan estas fugas tanto para la seguridad como para el medio ambiente y pedirán que se ejecute una investigación sobre la cuestión así como propuestas para reforzar la resiliencia de la UE.
