Una Cataluña 'a la vasca' costaría 16.000 millones de euros al Estado

El propio ministro Luis de Guindos se mostró ayer dispuesto a establecer negociaciones sobre un nuevo status fiscal para Cataluña, que esté incluido en un nuevo “sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las características específicas de los diferentes territorios”. Esto podría derivar en eliminar solidaridad entre regiones o una fiscalidad especial como en País Vasco o Navarra, en línea a lo que ofrecen los informes de distintas entidades internacionales.

Desde JP Morgan consideran que un “amplio diálogo” sobre el mecanismo de financiación autonómica podría rebajar las ambiciones independentistas. “Una solución duradera" debería "satisfacer algunas de las principales demandas de Cataluña”, en concreto, “las relacionadas con mayores recursos fiscales y la reforma del marco de financiación regional”, indican los expertos de Moody’s. Para Berenberg, la alternativa puede ser “un estatus especial” de Cataluña dentro de España “con mucho más poder sobre la fiscalidad, similar al estatuto especial de la región vasca".

Un concierto catalán como el de País Vasco podría costar al Estado hasta 16.000 millones de euros, según estimaciones Ángel de la Fuente en el informe ‘Sobre el pacto Fiscal y el sistema de Concierto’ publicado por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). El experto realizó estos cálculos en 2012 con datos de 2007 -antes de la reforma de 2009-, pero aclara a ‘Bolsamanía’ que “esta estimación puede seguir siendo útil como una primera aproximación en la situación actual”.

Este sistema provocaría que la Generalitat fuera la encargada de regular y recaudar todos los impuestos y pagaría al Gobierno central una cuota o ‘cupo’ por los servicios que aún prestaría el Estado en la región. No obstante, el propio De la Fuente denuncia que históricamente se calculan a la baja en País Vasco y Navarra. Si se mantuvieran estas características para la estimación en Cataluña, la región mejoraría en 11.000 millones de euros anuales sus recursos públicos. Aunque, matiza, con un cálculo adecuado esta cifra se reduce hasta el entorno de los 1.000 millones de euros.

Las soluciones que proponen los grandes bancos de inversión o Moody’s, y que contemplan los grandes inversores internacionales en sus esquemas de expectativas, pasan por lo tanto por poner dinero encima de la mesa. O, cuanto menos, repartirlo de forma diferente. En ello está el Gobierno, ya que una de las grandes reformas apuntadas en el calendario de esta legislatura es la financiación autonómica que, desde su última modificación en 2009 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido una fuente de confrontación entre regiones.

Una de las grandes reformas apuntadas en el calendario de esta legislatura es la financiación autonómica que está enquistada

En esencia, el sistema de financiación autonómica se basa en la solidaridad interterritorial. Las comunidades que tienen mayor capacidad de recaudación fiscal -principalmente, por tener mayor renta per cápita y una economía más dinámica- reciben recursos en menor cuantía a lo que ingresan con los tributos cedidos. Y esto ha alimentado las quejas desde comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana y, de forma mucho más beligerante, de Cataluña.

REFORMA PARALIZADA

Por ahora, la reforma está enquistada. Los expertos independientes designados por las comunidades autónomas -sin la participación de Cataluña ni de País Vasco y Navarra por su régimen especial- y por el Gobierno terminaron su trabajo. En esencia, el documento entregado a los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría propone una mejoría fiscal para Madrid, Valencia y Cataluña que podría llegar hasta los 2.500 millones de euros, según estimaciones de Ángel de la Fuente, uno de los expertos elegidos por Moncloa y director ejecutivo de Fedea, a partir de las cifras liquidadas de 2015 y con competencias homogéneas. También mejorarían su posición en el reparto Murcia, Canarias y Andalucía, y sale perdiendo el resto con el nuevo reparto propuesto, aunque se incluye una compensación inicial que se iría retirando gradualmente.

En el caso catalán, los recursos del modelo de financiación aumentan un 2,8% que equivale a 470 millones de euros hasta alcanzar los 17.452 millones de euros. En el año 2015, Cataluña tuvo una capacidad recaudatoria con los impuestos cedidos a las comunidades de 19.533 millones de euros. A esta cifra se le restaron 978 millones para el fondo de garantía -cuyo objetivo es acercar los recursos por habitante ajustado que reciben todas las comunidades- y otros 1.773 millones de euros al fondo de suficiencia -sirve para mantener el ‘statu quo’ existente en el momento del último cambio de modelo-.

Mientras hay que añadir 873 millones de euros a través del fondo de competitividad, que beneficia a las regiones que se quedan por debajo de la media o de su índice de capacidad fiscal -es decir, limita los desequilibrios anteriores-. En total, la financiación para Cataluña fue de 17.656 millones de euros, pero si se ajusta el cálculo a igualdad de impuestos cedidos, se incluye el impuesto sobre actividades de juego y el tributo sobre depósitos en banca, se reduce la cuantía hasta un statu quo de 16.982 millones de euros.

Es decir, la diferencia para Cataluña entre la capacidad recaudatoria de los impuestos cedidos y los recursos recibidos en el reparto fue de 2.551 millones de euros. Una brecha basada en la solidaridad entre regiones que se reduciría con la propuesta de los expertos a 2.081 millones de euros -470 millones menos-. Para Cataluña no es suficiente y, de hecho, la vorágine secesionista con los propósitos de la Generalitat de celebrar el referéndum el 1 de octubre dificultan la negociación del Gobierno con los ejecutivos regionales para sacar adelante una reforma consensuada.

En los inicios de la deriva secesionista, en plena crisis, la Generalitat exigió una mayor autonomía fiscal e incluso un concierto al estilo vasco o navarro que décadas antes rechazó el Ejecutivo de Jordi Pujol. Ahora, esta propuesta de Artur Mas tendría para el resto del Estado un coste “que podría llegar a ser muy considerable dependiendo de cómo se hicieran los cálculos”, indica De la Fuente.

En este sentido, los 16.000 millones de euros mencionados por De la Fuente se basan en aplicar el coste de elevar la financiación por habitante de Cataluña al nivel de País Vasco. En este sentido, explica a ‘Bolsamanía’ que “la renta per cápita catalana es menor que la vasca. Sin embargo, la aplicación a Cataluña del actual sistema de concierto vasco produciría resultados menos favorables para la comunidad”. Por ello, si se tienen en cuenta las competencias no transferidas en el concierto actual con País Vasco, la ganancia para Cataluña sería de unos 11.000 millones de euros. Sin embargo, con una “valoración correcta”, dice el investigador, el incremento de la financiación se queda en 1.000 millones de euros. Una cifra mucho más reducida que el ruido generado.