Los equipos negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han acordado objetivos más estrictos para el reparto de los esfuerzos de reducción de emisiones contaminantes en el horizonte de 2030 para los sectores como el transporte por carretera o la agricultura que no están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones europeo (ETS).
El reglamento de reparto del esfuerzo (ESR) prevé ahora elevar el esfuerzo común de reducción de emisiones del 30 al 40% con respecto a 1990 e incluye sendas de entre el 10 y el 50% para cada país, que en el caso de España queda fijado en un 37%.
Los sectores cubiertos por este acuerdo representan el 60% de las emisiones totales de la UE e incluyen áreas como la del transporte por carretera, la agricultura, la gestión de residuos o la calefacción de edificios.
Esta nueva norma forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos en un 55% las emisiones contaminantes del bloque en el horizonte de 2030 (respecto a 1990) y es la segunda medida concreta de esa batería de iniciativas que sale adelante, tras prohibir la venta de coches de combustión e híbridos desde 2035.
Para cumplir los objetivos nacionales más ambiciosos, cada Estado miembro deberá controlar que cumple una senda específica con cuotas anuales para cumplir una trayectoria fijada hasta 2030 y calculada en función de la media de emisiones durante un periodo preciso para el primer tramo y en base a las cifras de los años previos durante los siguientes periodos.
El ministro de Medio Ambiente de República Checa y presidencia de turno de la UE, Marian Jurecka, ha destacado tras el acuerdo que el pacto llega al inicio de la Cumbre internacional por el Clima de Naciones Unidas (COP27) porque manda una clara señal al mundo del compromiso "serio" de la Unión Europea con los Acuerdos de París.
Los términos del acuerdo, que necesita aún el visto formal del pleno del Parlamento Europeo y de los Veintisiete para ser norma, prevén una revisión en 2025 de la senda diseñada para cada Estado miembro, con el objetivo de introducir cambios al alza o a la baja en el periodo 2026-2030 si hay circunstancias imprevistas que lo exijan.
Además, los países podrán acumular o anticipar cuotas de emisiones de modo que si en 2021 sus emisiones son menores a las asignadas por año podrán acumular hasta el 75% de la cuota para compensar años posteriores no más allá de 2030. Con respecto a los años 2022 a 2029, podrán depositar hasta el 25% de sus asignaciones anuales de emisiones hasta ese año y utilizarlas en años posteriores hasta 2030.
Al mismo tiempo, en los años en los que las emisiones superen el límite anual, los Estados miembros podrán tomar prestadas las asignaciones del año siguiente hasta el 7,5% de sus asignaciones anuales de emisiones en lo que respecta a los años 2021 a 2025 y hasta el 5% en con respecto a 2026 a 2030.
El acuerdo también permite comprar y vender asignaciones de emisiones entre los Estados miembro, hasta el 10% de sus asignaciones de emisiones anuales en lo que respecta a los años 2021 a 2025, y el 15% respecto a los años 2026 a 2030.
Los países podrán utilizar una cantidad limitada de créditos generados por la eliminación de gases de efecto invernadero en el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF) para cumplir con sus objetivos bajo la regulación de esfuerzo compartido. Esta flexibilidad se dividirá en dos períodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030, sin posibilidad de prórroga entre los períodos.
