En la sociedad de la economía bajo demanda, el icono de un coche avanza por el mapa virtual que dibuja un smartphone. Un pasajero aguarda la llegada de un Toyota Prius color negro. El conductor verifica el nombre del cliente. Comienza el viaje.
Una experiencia que repiten millones de usuarios de la plataforma Uber cada semana y que supone la participación en lo que varios medios han catalogado como 'gig economy' o 'economía colaborativa', en su traducción del inglés. Para Paul Brain, Jefe de Renta Fija en BNY Mellon, "este término hace referencia a un trabajo flexible y mal pagado al que los trabajadores acceden a través de una aplicación o página web, y que les permite trabajar a ratos". Una situación laboral que les involucra dentro del régimen no oficial de 'falsos autónomos' y que ya representa un 6,5% del total de trabajadores por cuenta propia en España, según datos de la UATAE.
Organismos como la OCDE ya han alertado al Gobierno sobre la precariedad de los salarios y el ascenso al segundo puesto como país del club que más trabajadores posee en situación de pobreza. "¿Es una situación deseable? No me corresponde a mi decidirlo; mi interés en la economía colaborativa es determinar su impacto potencial en la inflación", añade el experto.
SIN PRESIÓN SALARIAL, NO HAY INFLACIÓN
En un contexto internacional en el que las principales economías se encuentran reduciendo sus tasas de paro e intentan proteger sus industrias nacionales mediante la imposición de aranceles a la producción extranjera, Brain opina que las presiones salariales deberían aumentar y reflejarse en los precios. Sin embargo, el aumento de las pagas sigue siendo relativamente moderado.
El principal motor de la 'economía colaborativa' ha sido el extenso uso de los teléfonos móviles. "La automatización que subyace en la economía colaborativa no elimina trabajos pero, en muchos casos, facilita que su actividad se pueda hacer de manera más rápida y sencilla", explica Brain. En España, el sector del taxi estaba protegido y los conductores tenían que presentarse a una serie de exámenes para obtener su licencia. "Este proceso podía llevar meses y suponía una gran inversión para cualquier taxista. Entonces llegó Uber y aumentó la oferta sin necesidad de todos esos conocimientos que antes requerían estudio y tiempo", amplía.
UNA PELEA CONTINUA EN LOS TRIBUNALES
Por supuesto, estos nuevos servicios no han estado exentos de polémica desde su aparición. Hace apenas dos semanas, la Inspección de Trabajo reclamó a la compañía de reparto Deliveroo 1,3 millones de euros por la omisión de pago de las cuotas de la Seguridad Social de sus empleados. Y es que aquí se encuentra el meollo de la cuestión. Estas compañías reconocen a sus trabajadores como autónomos, negándose así a darlos de alta en la Seguridad Social y evitando los costes que ello supondría.
En el caso de Deliveroo, los trabajadores o 'riders' deben poner su bicicleta o moto y su teléfono móvil con Internet pese al control sobre las ausencias, el ordenamiento del trabajo y la emisión de facturas que lleva a cabo la compañía. Hecho que ha sido suficiente para que la Inspección concluya en que la relación laboral entre ambos es "ordinaria y no de actividades por cuenta propia". La situación de Glovo es muy similar por lo parejo de sus actividades.
Uber en cambio aún no ha recibido una notificación clara para modificar su modelo de negocio. La compañía de taxis se aferra a la concesión de licencias VTC para su explotación y al mantenimiento de los vehículos "bajo las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para que se solicita la autorización", reza la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia.
