¿Son los autónomos españoles los más castigados?

“Creo que no se ha hecho un estudio riguroso de derecho comparativo de la situación del autónomo en Europa”, asegura Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Desde la plataforma Change.org se ha hecho una petición por una cuota justa y progresiva para los autónomos españoles.

“En muchos países de nuestro entorno la figura del autónomo no está definida y no tiene acceso a las coberturas ni a la protección social que sí tiene en España”

En esa petición, Marina Ramis explica que está intentando emprender, pero asegura que le está siendo “muy difícil”. Además, añade que “lo peor” es que está segura de que en Francia, Alemania o Inglaterra el mismo proyecto “sí sería viable”. ¿Pero tiene razón en esta afirmación? “Existen muchos mitos en relación a este tema”, apunta Ferrero.

De hecho, asegura que en muchos aspectos el autónomo español está mejor que en el resto de países europeos. España es el único país de la UE en el que existe un Estatuto del trabajador autónomo estableciendo los derechos tanto individuales como colectivos de los autónomos y definiendo al autónomo persona física e incluso al trabajador autónomo económicamente dependiente. “En muchos países de nuestro entorno la figura del autónomo no está definida y no tiene acceso a las coberturas ni a la protección social que sí tiene en España”, explica la vicepresidenta de ATA.

GRANDES DIFERENCIAS ENTRE ESPAÑA Y EUROPA

Los sistemas de Seguridad Social no son comparables. “Tienden a ser mixtos en la mayoría de los países europeos: combinan protección básica a través de un sistema solidario y una parte de mejora voluntaria a través de sistemas de capitalización”, indica Ferrero. Esto quiere decir que existen cajas públicas de un fondo solidario de Seguridad y otros sistemas “ya sea través de mutualidades o vía impuestos, de mejora de las prestaciones sociales”.

Además, afirma que deben compararse muchas cosas. “Hay que entender al autónomo desde la globalidad de las cargas a las que está sometido y otras circunstancias que le afectan directamente, no podemos solo contemplar las cotizaciones”, tercia. Por ejemplo, tal y como explica en otros países gran parte de la Seguridad Social se financia vía impuestos.

Así, Dinamarca se queda mensualmente con el 56% de los ingresos de autónomo, Irlanda con el 55%, Holanda con el 52%, Bélgica con el 50% y Alemania y Francia con el 45%, obligando en la mayoría de los casos (exceptuando Dinamarca donde los 5,5 millones de daneses gozan de protección social completa sólo por ser daneses) a los autónomos a contratar seguros privados o mutualizarse, pues no existe cobertura social pública integral como en España.

Sin embargo, matiza que hay otros temas de los que se habla menos que “sí son mejorables en España con respecto a algunos países europeos: costes de constitución y las trabas administrativas como licencias de actividad y apertura, informes de impacto medioambiental o los sistemas de prevención de quiebra o segunda oportunidad que son muy efectivos y que en nuestro país se quedan bastante cortos”.

Ferrero explica que ir a un sistema progresivo supondría, por tanto, un aumento de las cotizaciones para el 75% de los autónomos

TEMA FISCAL

A pesar de esto, el tema fiscal es uno de los que más preocupa a la persona que decide hacerse autónoma. Según Celia Ferrero, el gran problema llega por el tema de proporcionalidad en la cuota. Tal y como apunta, debe reducirse a aquellos autónomos que cotizan por encima de lo que les correspondería por a sus ingresos “o en aquellos que siendo el autoempleo su actividad habitual están por debajo del salario mínimo”.

En España, según la Agencia Tributaria, hay 450.000 autónomos con unos rendimientos netos (ingresos – gastos) por debajo de 8.000 euros anuales (íntegros 15.000 aproximadamente) y 700.000 con unos rendimientos netos superiores a 30.000 euros al año. Si la gran mayoría de los autónomos (86,2%) cotiza por la base mínima (893,1 euros mensuales; 10.717 euros anuales, lo que supone una cuota mensual de 264,14 y 316,18 euros para los societarios), “habría un 15% de los autónomos que estarían sobrecotizando, pero un gran número de autónomos que estaría infracotizando”.

Ferrero explica que ir a un sistema progresivo supondría, por tanto, un aumento de las cotizaciones para el 75% de los autónomos. “Si por ejemplo tomamos el caso de Reino Unido, las cotizaciones son proporcionales a los ingresos, unos ingresos como autónomo de 2.500 euros suponen una contribución de 776 euros al mes para acceder sólo a la pensión básica, incapacidad temporal limitada y atención sanitaria básica (paternidad, maternidad, riesgo en el embarazo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y paro quedan excluidos)”, explica.

Resume que “sí podría ser lo más justo, pero hay que asumir que conllevaría un aumento de las cotizaciones para la mayoría de los autónomos y no lo contrario”. Por eso, desde ATA, creen que hay medidas previas que se pueden adoptar, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social, sin que la protección social de los autónomos se convierta en un riesgo para su sostenibilidad. “Una de esas medidas sería adaptar el calendario de pagos a las circunstancias de los autónomos, es decir, a aquellos momentos en los que tengan la liquidez suficiente para hacer frente al pago de cuotas y posibilitarles el cambio de base en vez de dos veces al año como hasta ahora, cuatro, de tal forma que tengan la libertad de ir adaptando voluntariamente sus cuotas a sus ingresos a lo largo del ejercicio”, apunta.

VENTAJAS E INCONVENIENTES FISCALES

Una de las ventajas fiscales es el 15% en retenciones, que se reduce hasta el 7% para nuevos emprendedores, así como el sistema de módulos que simplifica la tributación de muchos autónomos. Sin embargo, hay muchos inconvenientes que “esperamos que se vayan resolviendo”, añade Ferrero.

Alguno de estos inconvenientes es la discriminación existente entre autónomos y sociedades a la hora de repercutir ciertos gastos y deducirlos, y también la imposibilidad de poder beneficiarse de múltiples incentivos fiscales, relacionados por ejemplo con la innovación, por no estar constituidos como sociedad. “Y por supuesto, como ha afectado a muchos de ellos la subida de 13 puntos porcentuales en el IVA para los peluqueros, veterinarios, etc”, señala Celia Ferrero.

PETICIONES AL NUEVO GOBIERNO

“Los autónomos no pueden esperar, no pueden quedarse a medias cuando es evidente que aún hay muchas cosas por mejorar”, asegura la vicepresidenta de ATA. Así, hacen dos peticiones principales al nuevo Gobierno. La primera de ellas, que se apruebe la Proposición de Ley Integral de Apoyo a los autónomos de Ciudadanos, “donde se recogen nuestras principales reivindicaciones y reflejan lo acordado en los pactos de esta formación política con el PSOE y el PP”, puntualiza. La segunda, que los autónomos tengan voz propia en el diálogo social con el fin de que las medidas se diseñen por y para los autónomos.

"Que los autónomos puedan darse de alta y de baja en la Seguridad Social sin tener que pagar la cuota entera del mes”

“Esa sería la medida que nos permitiría implantar otras que sean realmente efectivas para que los autónomos sigan siendo la palanca de la creación de empleo en nuestro país”, apunta. Ferrero considera que estas medidas deberían enfocarse en consolidar a los autónomos y “evitar que se amplíe la brecha en cuanto a apoyos entre el nuevo autónomo y el ya establecido”.

Así, algunos aspectos pendientes de mejorar en esta legislatura son la reforma del RETA: tanto la fiscalidad como la Seguridad Social deben adaptarse a los tiempos de los autónomos y su ciclo de vida. También enumera que los autónomos paguen por lo que trabajen: “Es decir, que puedan darse de alta y de baja en la Seguridad Social sin tener que pagar la cuota entera del mes si no han estado de alta durante la totalidad del mismo al menos una vez al año”.

También pide luchar por contra la economía sumergida con un buzón anónimo o establecer deducciones en el IRPF por facturas de gastos en servicios sanitarios, de educación, rehabilitación y asistencia en el domicilio.