Los sindicatos han convocado movilizaciones en las subdelegaciones de gobierno de todas las provincias de España el próximo 11 de febrero para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogar las reformas laborales y de pensiones. "No nos vamos a quedar parados", han dicho.
Bajo el lema "¡Ahora sí toca!", estas concentraciones, en las que cumplirán todas las medidas de seguridad marcadas por la pandemia de coronavirus, supondrán el "pistoletazo" de salida de una serie de acciones. Así lo han dado a conocer el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, este martes en una rueda de prensa.
En ella han pedido al Gobierno concreción para volver a negociar "sin vetos" todos los asuntos en estas materias que quedaron pendientes en marzo del año pasado como consecuencia de la pandemia: "Pedimos fecha y hora". "Esta movilización tiene como objetivo mandarle un mensaje nítido al Gobierno. En cuanto terminemos la negociación sobre la prórroga de los ERTE, queremos fechas y mesas de diálogo de negociación". "Hay que ir poniendo el foco en la situación económica post pandemia, hay que recuperar agenda social en este país", ha explicado Sordo.
"Llamamos al Gobierno a cumplir con los compromisos de la agenda de reformas sociolaborales comprometida y garantizar una reconstrucción justa del país y que verdaderamente no deje a nadie atrás", ha dicho, por su parte, Álvarez.
Sobre las pensiones, consideran que no es el momento para sentar las bases de la reforma, en plena situación de crisis económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
En cuanto a la reforma laboral de 2013, creen que el Gobierno tiene que cumplir con su compromiso de derogarla. "Reclamamos derogar las reformas laborales y modernizar nuestro modelo de trabajo, marcado y lastrado por la precariedad. Nuestro país se merece empleos y salarios dignos, de calidad y con derechos", ha expresado el líder de UGT.
Para CCOO y UGT, resulta "injustificable" la negativa del Gobierno a subir el SMI y le recuerdan que se comprometió a dar cumplimiento en esta legislatura a la Carta Social Europea, que establece que esta renta mínima debe alcanzar el 60% del salario medio neto.
