- La filtración de documentos podrá acarrear medidas cautelares 'si no sirven para revelar directamente mala praxis o delitos'
La filtración de millones de documentos en el caso conocido como "Los Papeles de Panamá" tendrá un papel importante en la sesión plenaria que se celebrará en Estrasburgo en unos días. El Parlamento Europeo votará una directiva relacionada con la revelación de secretos comerciales y, por tanto, directamente vinculado con el escándalo destapado hace unos días en relación al despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.
La directiva sobre la que que el Parlamento europeo debatirá y votará en las próximas jornadas es relativa a "la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgada", conocida como "directiva de secretos comerciales". Esta nueva directiva pretende que la filtración de documentos, como los del escándalo de los Papeles de Panamá, puedan acarrear medidas cautelares “si no sirven para revelar directamente mala praxis o delitos”, recoge El Diario.
La directiva es una amenaza directa para el trabajo de los periodistas y sus fuentes
Durante tres años se ha estado negociando el texto y se han producido reuniones entre la Comisión, la Eurocámara y el Consejo de la UE para que finalmente pudiera ser enmendado y aprobado en la comisión plenaria del pasado mes de enero. "La protección de los secretos comerciales no se extiende a la revelación de secretos si estos sirven al interés público", recoge el texto enmendado.
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Los partidos de izquierdas y las ONGs han dado la voz de alarma. El colectivo con sede en Bruselas Corporate Europe Observatory (CEO) destaca que la directiva es una "amenaza directa para el trabajo de los periodistas y sus fuentes, soplones, empleados de cualquier empresa y hasta para la libertad de expresión y los derechos de acceso a la información pública".
En el texto se recogen medidas "provisionales y cautelares", para el trabajador o la persona que filtra documentos, así como se prohibe producir o comercializar información.
En el texto se recogen medidas "provisionales y cautelares", para el trabajador o la persona que filtra documentos, así como se prohibe producir o comercializar información. En la directiva también quedan recogidas otras sanciones más duras del derecho penal.
En cuanto al "interés público" de las fuentes, que también tiene su efecto sobre los periodistas, será lícito solo en algunos casos concretos, como por ejemplo, "la revelación de mala praxis o delitos" y la "observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público".
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