Los planes medioambientales del Gobierno recogidos en el borrador de la Ley de Cambio Climático dado a conocer este martes no han gustado nada al sector del automóvil, que ha arremetido contra el Ejecutivo y contra la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque con su idea de prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2040 "ponen en riesgo", a corto y medio plazo, tanto el empleo como la viabilidad de un sector, el automovilístico, de vital importancia para la economía española.
España es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y el octavo a nivel mundial, y el sector de la automoción representa el 10% del PIB, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Y ahora, se queja el sector, el Gobierno pone todo esto en peligro con su normativa, que además contempla que los coches diésel, gasolina, los híbridos y los propulsados con gas no puedan circular en 2050.
"Se está poniendo en peligro la buena marcha de la automoción nacional", se queja la patronal de los concesionarios, Faconauto, que recuerda que aunque dice compartir los objetivos medioambientales que se ha marcado el Ejecutivo de Pedro Sánchez (rebajar un 20% las emisiones de CO2 en 2030), critica la fórmula que ha adoptado el Ministerio para la Transición Ecológica para lograrlo. "Se pueden encontrar otras fórmulas que no pasen por la prohibición permanente, sino por una ampliación más rápida de la oferta de vehículos de bajas emisiones, asequibles para la ciudadanía, de tal manera que no se ponga en riesgo, a corto y medio plazo, ni el empleo ni viabilidad del sector", remarca en una nota.
"España no está preparada para la sustitución de los diésel y gasolina porque no hay infraestructura suficiente para la recarga de coches eléctricos"
La patronal de concesionarios pide "plazos razonables" porque la previsión que maneja es que para 2030 las ventas de coches eléctricos aún no representarán ni el 50% del total, según ha confirmado el portavoz de Faconauto Raúl Morales en una entrevista con 'RTVE'. Y en la misma línea se ha expresado Anfac. El vicepresidente ejecutivo de la patronal, Mario Armero, ha alertado de los efectos negativos que tendrá en el empleo la intención de prohibir la venta y matriculación de vehículos que emitan CO2 de aquí en 22 años.
Según ha dicho, los "pasos" que está adoptando el Gobierno en materia de automoción pueden tener un "impacto laboral negativo". Por eso Anfac rechaza la medida anunciada este martes, que considera "excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos". Según apunta la patronal en una nota, "en la práctica, esto significa ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea" y favorece a una tecnología frente a otras que "deben servir de puente para alcanzar la movilidad cero y bajas emisiones".
Además, Armero critica que este proyecto "supone encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas", algo que requiere medidas de acompañamiento "con inversiones industriales y en tecnología" que eviten que las plantas españolas "pierdan competitividad y empleo", y esas medidas "ahora mismo se desconocen".
Ese es el problema que también ha identificado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Tal y como explica, el ministerio de Teresa Ribera ha lanzado a la opinión pública el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sin especificar cómo se va a llevar a cabo y, lo más importante, sin cuantificar el "impacto económico" que va a tener. "España no está preparada a día de hoy para la sustitución de estos coches, sobre todo porque no hay infraestructura suficiente para la recarga de coches eléctricos", dice Arnaldo, que cree que en lugar de fijar una fecha, como se ha hecho, habría que explicar cómo se va a conseguir lo que se pretende y qué efecto económico tendrá la transición. A día de hoy, remarca, el Gobierno "no es realista en esos objetivos", ha señalado el presidente de AEA en declaraciones a 'Bolsamanía'.
El sector reclama al Ejecutivo y a Ribera una "hoja de ruta" para que los ciudadanos sepan, además, cómo contribuir al cambio y qué tendrán que hacer, porque ahora lo que hay es "incertidumbre". Como dice Faconauto, "los compradores no saben qué coche comprarse ni cuándo", y eso ya está impactando en todo el sector. "La automoción y el comercio son sensibles a la incertidumbre y, como consecuencia, el mercado está entrando en una dinámica negativa y preocupante, no vinculada ya a causas puntuales, sino a problemas más profundos", resalta.
EL PARQUE ELÉCTRICO EN ESPAÑA
En España circulan actualmente unos 24.000 vehículos eléctricos de un total de 32 millones, y muchos de ellos son furgonetas o ciclomotores. Y pese a que las ventas de este tipo de coches han subido considerablemente (según la patronal de vehículos eléctricos Aedive hasta octubre se han matriculado casi 12.000 eléctricos puros, casi un 55% más que en 2017), lo cierto es que la escasa infraestructura de recarga, unido a los altos precios hace que los conductores sigan decantándose, mayoritariamente, por los coches diésel o gasolina.
Por eso Aedive reclama al Gobierno, si quiere llevar a buen puerto sus medidas, que ponga en marcha un plan de incentivos "adecuado, apropiado y ambicioso" y que la política fiscal "favorezca la compra de coches ecoeficientes y penalice el uso de vehículos contaminantes".