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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

Scope ha completado una revisión de seguimiento del rating de España manteniendo la calificación en 'A-' a largo plazo, con perspectivas estable.

Esta calificación refleja diferentes "fortalezas", según ha enumerado la agencia. En primer lugar, el hecho de que la economía española es "amplia y diversificada", respaldada por una reorientación hacia sectores de alto valor añadido, lo que facilita el reequilibrio exterior. En segundo lugar, un perfil de deuda pública favorable con vencimientos a largo plazo, que contribuye a la asequibilidad de la deuda. Y, en tercer lugar, un marco institucional "sólido", reforzado por la pertenencia del país a la eurozona, que mejora su resistencia a las crisis externas.

Scope prevé un crecimiento de la economía española del 1,6% en 2023, que se espera se acelere hasta el 2,1% en 2024

Scope destaca las "muestras de resistencia" de la economía española a pesar del actual conflicto en Ucrania. La tasa de crecimiento del PIB se mantuvo sin cambios con respecto al año anterior, con un aumento del 5,5% en 2022. Este crecimiento se vio impulsado por una fuerte recuperación del turismo y del consumo de los hogares en el primer semestre de 2022, que compensó una ralentización de la demanda interna en el segundo semestre. Sin embargo, a finales de 2022, el PIB real se mantuvo 0,9 puntos porcentuales por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, "lo que indica una recuperación económica más lenta en comparación con sus homólogos de la eurozona", explica.

Scope prevé que la producción económica supere su nivel prepandémico en el segundo semestre de 2023. "España, con su importante capacidad de producción de energías renovables y su considerable infraestructura de regasificación, pudo resistir la crisis energética del año pasado, lo que subraya sus ventajas comparativas", afirma la agencia. Así, estima una recuperación gradual del crecimiento en los próximos meses, proyectando una tasa de crecimiento del 1,6% en 2023 que se espera se acelere hasta el 2,1% en 2024.

A pesar de las medidas para mitigar el impacto de la crisis energética en el sector privado, que ascendieron al 1,5% del PIB, el déficit público disminuyó hasta el 4,8% del PIB en 2022, impulsado por el fuerte crecimiento de los ingresos. En Scope estiman un descenso moderado del déficit fiscal hasta el 4,4% del PIB en 2023, con un crecimiento continuado que repercutirá positivamente en los ingresos fiscales. "No obstante, el aumento de los pagos de pensiones, los déficits primarios sostenidos y los crecientes costes del servicio de la deuda seguirán ejerciendo presión sobre las finanzas públicas, lo que se traducirá en un saneamiento más lento y una mayor moderación del presupuesto general hasta aproximadamente el 3,7% del PIB en 2024", detalla.

Impulsado por el fuerte crecimiento nominal, el ratio deuda/PIB disminuyó en 5 puntos porcentuales hasta el 113,2% en 2022, pero sigue siendo 15 puntos superior a los niveles anteriores a la pandemia. Se espera que el ratio siga disminuyendo hasta el 111,4% en 2023 y se estabilice en torno al 109% hasta 2027, añade la agencia.

El rating de España se ve limitado por retos relacionados con los altos niveles de deuda pública; el elevado desempleo estructural y las presiones presupuestarias a largo plazo causadas por una dinámica de envejecimiento acelerado. Con todo, estos economistas precisan que la perspectiva estable del rating refleja que los riesgos para las calificaciones de España en los próximos 12 a 18 meses están equilibrados.

El rating 'A-' podría elevarse "si se produjera una mejora notable, individual o colectivamente, en las perspectivas de crecimiento, apoyadas, por ejemplo, por el progreso de las reformas y/o las finanzas públicas, situando la deuda pública en una firme trayectoria descendente", comentan.

Por el contrario, la calificación/perspectiva podría rebajarse si el bajo crecimiento del PIB y/o el prolongado deterioro de las finanzas públicas debilitaran la sostenibilidad de la deuda; y/o se retrasaran las reformas, lo que afectaría negativamente a las perspectivas económicas y fiscales.

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