Tras mucho amagar con gravar los beneficios de los bancos, el Gobierno de Pedro Sánchez renuncia a una de sus primeras iniciativas. La presión del sector y del PNV tienen parte de la responsabilidad. En todo caso, el Ejecutivo quiere que los bancos aporten más de lo que ingresan a las arcas del Estado, por lo que su apuesta ahora es un impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin.
Esta iniciativa lleva el nombre del economista estadounidense y Premio Nobel de Economía James Tobin, que en 1972 propuso una tasa a los flujos de capitales de entre el 0,1% y el 0,5% con el objetivo de reducir las transacciones a corto plazo sin que afectara de forma significativa al comercio internacional y, así, estimular la inversión productiva. La idea se ha ido actualizando a lo largo de los años.
De hecho, la Unión Europea ha debatido durante años cómo implantar un impuesto similar, al que se ha terminado denominando tasa Tobin. Ya en 2009 los 27 de la Unión Europea plantearon al Fondo Monetario Internacional que considerara crear una tasa global a las transacciones financieras. A día de hoy aún no hay consenso.
Uno de los principales impedimentos al establecimiento de un impuesto de este tipo es la diferencia que existe entre los sistemas económicos, financieros y fiscales de los distintos países, que hace muy difícil armonizar políticas. Unificar el criterio entre países es, sin embargo, necesario, pues esta tasa gravaría a las transacciones relacionadas con todo tipo de instrumentos financieros entre entidades, siempre que al menos una de ellas se encuentre en la Unión Europea.
ESPAÑA CONTABA CON ELLO EN 2015
Los diez países que negocian esta iniciativa, entre los que se encuentra España, acordaron hace un par de años encargar a la Comisión Europea la elaboración de un proyecto de directiva con el objetivo de que pudiera implantarse en el ordenamiento jurídico en 2018, como explicó en su momento el entonces ministro de Economía Luis de Guindos, que añadió que los países parecían haber alcanzado “una especie de consenso” sobre los principios básicos.
El Gobierno liderado por Mariano Rajoy creía desde años antes en el proyecto, pues en el Programa de Estabilidad 2014-2017 contaba con una recaudación de unos 600 millones de euros para el ejercicio 2015 derivada del impuesto a las transacciones financieras.
El año pasado, los países negociadores (Alemania, Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia, Bélgica y España) plantearon excluir del gravamen a los fondos de pensiones, pero estas últimas negociaciones no llegaron a buen puerto, pues decidieron aparcar el tema ante la próxima salida de Reino Unido de la Unión Europea, como contó Cinco Días. Actualmente, el tema de la tasa Tobin continúa en suspenso en Europa.
EL GOBIERNO RECTIFICA
En los tres meses que Sánchez lleva en Moncloa, tanto él como sus ministros han insistido en que se implantaría en 2019 un impuesto a la banca, una propuesta que el PSOE lanzó desde la oposición durante la última legislatura del PP. La titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, de hecho, llegó a concretar que la imposición vendría por dos vías. En primer lugar, mediante un impuesto genérico dirigido a los bancos y, en segundo, a través de un gravamen a las transacciones financieras.
En todo caso, desde el Ejecutivo tenían claro que se trataría de un impuesto finalista, destinado a aumentar la recaudación para financiar el sistema de pensiones, que en los últimos diez años ha aumentado el gasto mensual un 50%.
Los planes del Gobierno finalmente se han volatilizado tras semanas de negociación con el sector y con los partidos políticos. Según pudo saber Bolsamanía por fuentes conocedoras, el PNV solicitó al Ejecutivo que el impuesto a la banca no afectara a las entidades medianas en un intento de evitar un perjuicio a Kutxabank. La banca, por su parte, clamó contra el impuesto a través de declaraciones de sus primeros ejecutivos y de sus patronales.
Queda ver cómo se tomarán el sector y los grupos políticos esta nueva propuesta, en la que el Gobierno deberá trabajar para acotar los detalles técnicos, como si la tasa se aplicará a todas las transacciones financieras. Hace unos días, Podemos, su principal socio en esta materia, se mostró a favor.