Las reinstauradas comisiones bilaterales entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, mediante las que ambas administraciones buscan una distensión en sus relaciones, pasarán una prueba de fuego el 25 de septiembre. Es la fecha en que el Ministerio de Hacienda y el conseller que lleva las finanzas de la Generalitat, Pere Aragonés, se reunirán con el objetivo de dirimir la deuda histórica del Gobierno con la administración catalana, que asciende a más de 7.600 millones de euros. Cifra que desde el PSOE reconocen que no se liquidará en los Presupuestos que se presentarán entre noviembre y diciembre.
La cantidad exacta que Aragonés llevará a esta comisión, que se reúne por primera vez en los últimos ocho años, es de 7.607 millones de euros. Y contempla conceptos como el incumplimiento de las inversiones en infraestructuras -que representan prácticamente la mitad del total- o la infradotación de la Ley de la Dependencia de los últimos 10 años -aproximadamente el 45%-. Además de la financiación de los Mossos d’Esquadra desde el 2010. Unas cuentas que, según fuentes socialistas, por ahora no son más que “lo que plantea el Govern”, por lo tanto, “primero hay que ver si le cuadra al Gobierno de España, si los conceptos son los correctos, etc.”, agregan.
Un tema que, reconocen, “irá lento”, por lo que aseguran a 'Bolsamanía' que “no habrá pronunciación al respecto hasta la reunión de la comisión del día 25”. “Lo que parece improbable es que esa cantidad pueda satisfacerse en un solo ejercicio y requerirá de una programación plurianual”, confiesan. “Llevamos desde 2010 sin que los dos gobiernos convoquen esa comisión y no parece razonable que todo pueda solucionarse en dos meses”, comentan las mismas fuentes.
Parece improbable que la deuda pueda satisfacerse en un solo ejercicio y requeriría de una programación plurianual, reconocen desde el PSOE
LA GENERALITAT SERÁ PACIENTE
Por lo tanto, casi descartan que esta deuda, largamente reivindicada por los Gobiernos de Artur Mas, primero, y Carles Puigdemont, después, al expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que prevé presentar los números para el próximo ejercicio antes de Navidades, a mucho tardar. Un plazo insuficiente para poder abordar esta deuda en profundidad, que en alguna de las partidas se remonta a 2008, como es el caso de inversiones contempladas en la Disposición Adicional Tercera del Estatut de Autonomía por valor de 759 millones de euros.
Muy conscientes de esta realidad, desde el Govern catalán han enfocado el listado donde se desglosa cada uno de los conceptos, hecho público a finales de la semana pasada, como uno “memorial de agravios”, explican desde el entorno de Aragonès a este medio. Asimismo, prevén ser flexibles con el Ejecutivo de Sánchez ya que, se preparan de antemano para cobrar sólo una parte y aseguran que no tienen “prioridades”, por lo que no exigirán al Estado que prevalezca ninguna cantidad en concreto.
Si acaso, se plantean insistir en la suma correspondiente a la financiación de la Policía Autonómica, que asciende a 583 millones entre 2010 y 2017 y 105 millones a partir de 2018. Sumas con las que esperan solucionar el conflicto laboral que la conselleria de Interior mantiene con los sindicatos policiales por la “falta de efectivos” y los recortes desde 2010 que sufren los Mossos d’Esquadra y que estos han denunciado con manifestaciones este 17 de septiembre.
Esta es una de las peticiones en las que se hizo mayor hincapié en la última reunión que el anterior conseller d’Economia, Oriol Junqueras, mantuvo con el anterior Ejecutivo de Rajoy, en julio de 2017. En aquella ocasión, ya se demandó a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pago de este importe, por lo que desde el Govern prevén que “sea un punto en el que se vuelva a insistir”. Asimismo, también contemplan que se reclame con mayor energía los 412 millones del impacto del cambio en la gestión del IVA en 2017, ya que es la única reclamación inédita que se planteará a la ministra Montero.
Con todo, fuentes del Govern asumen que “no hay objetivos de cobro ni términos estipulados” y reconocen que “el desglose tiene como objetivo encaran mejor la negociación con Madrid”, así aceptan que “no saben cuándo se percibirán estos importes”. No obstante, se muestran optimistas ante la buena marcha de estas negociaciones “bilaterales” de las que destacan su “utilidad” frente a “40 años de financiación autonómica que no han servido para reducir las desigualdades entre los territorios del Estado”.
