Mientras el Gobierno español ha logrado un consenso sobre los cambios en las pensiones, el Ejecutivo francés no ha conseguido una mayoría parlamentaria absoluta para respaldar sus reformas, a las que se oponían los sindicatos y que han provocado protestas y huelgas masivas. La reforma de las pensiones persigue básicamente el mismo objetivo en los dos países, pero con ella cada uno obtendrá un resultado desigual.
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Este año, tanto Francia como España han promulgado reformas de sus sistemas de pensiones para dotarlos de una base financiera más sólida e incentivar el empleo, pero persisten las dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo y su impacto en la economía, dadas sus tendencias demográficas similares.
Como analizan Jakob Suwalski, director de calificaciones soberanas de Scope Ratings y de Brian Marly, analista de calificaciones soberanas de la firma, el reto es fundamentalmente similar: hacer frente al inevitable aumento del coste de proporcionar ingresos de jubilación en países con sistemas de pensiones financiados con impuestos en los que la diferencia entre la proporción de adultos en edad de trabajar y de jubilarse es cada vez mayor. Sin embargo, el contenido de las reformas es diferente.
En Francia pretende reequilibrar su sistema de pensiones aumentando la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y exigiendo cotizaciones más largas para una pensión completa. En cambio, España, se centra en el aumento de las contribuciones de las empresas y los trabajadores más jóvenes, incluidos cálculos alternativos de las cuantías de las pensiones y un aumento del impuesto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MIE).
"Las reformas en ambos países sólo representan un incremento de las mejoras globales, incrementando la presión fiscal a largo plazo en el caso de España y teniendo sólo un impacto marginal en el caso de Francia, mientras que no ofrecen ninguna solución inmediata al problema del subempleo crónico de los miembros de más edad de la población activa, de ahí la necesidad de reformas más profundas", expresan.
Consideran que las reformas de las pensiones planteadas aumentan el déficit de las pensiones, en el caso de España, y siembra dudas sobre la eliminación del de Francia.
En nuestro país, según un informe de la AIReF, el gasto público total en pensiones aumentará de forma constante tras esta reforma hasta alcanzar el 16,2% del PIB en 2050, desde el 13,6% del PIB en 2021. En el mismo periodo, el déficit estructural del sistema de pensiones aumentará en torno a 1,1 puntos porcentuales del PIB, por encima de las estimaciones del Gobierno de un incremento más benigno de 0,3 puntos porcentuales.
Por su parte, en Francia, las recientes estimaciones del grupo de expertos Rexecode consideran demasiado optimistas las previsiones del Gobierno. Las ganancias fiscales netas resultantes, de un moderado 0,6% del PIB de aquí a 2030, dejarían al sistema de pensiones con un déficit de alrededor del 0,2-0,6% del PIB.
Los expertos de Scope ven menos urgencia fiscal para nuevas reformas de las pensiones en Francia que en España. "La cuestión es si la falta de consenso político sobre las que acaban de promulgarse frenará los intentos del Gobierno francés de otras reformas estructurales, y si España puede aprovechar aún más su consenso para alargar su sistema de pensiones", concluyen.
