Ámsterdam, París o Madrid son algunas de las capitales que han puesto freno al alquiler de pisos en plataformas de alojamiento como Airbnb en uno de los momentos del año de mayor afluencia de turistas a la capital española: las fiestas del orgullo gay. Cada una ha detallado un plan diferente basado en pactos, prohibiciones o regulaciones parciales. El último enclave en sumarse ha sido Baleares.
La Comisión de Medio Ambiente de esa comunidad acaba de aprobar un informe vinculante en el que se prohíbe todo tipo de alquiler turístico en los núcleos litorales saturados. Además, en julio, Palma de Mallorca se convertirá en la primera ciudad española en prohibir el alquiler de corta duración mediante plataformas como Airbnb, bajo penas de multas. Una medida innovadora para un sector que representa el 40% del PIB de la isla.
Otras ciudades como Madrid y Barcelona se han sumado a la batalla europea contra Airbnb. Los ayuntamientos de las dos urbes, junto al de París, han publicado un manifiesto conjunto en el que exigen a la Comisión Europea una mayor regulación de los alquileres turísticos. Otras ciudades como Berlín, París y Viena también lo han apoyado.
Mientras se hacen oír en Bruselas, muchas de ellas han puesto en marcha sus propias medidas locales.
La Comunidad de Madrid va a aprobar antes de octubre un decreto de pisos turísticos, con el visto bueno de la UE y tras incorporar alegaciones, según el consejero de Cultura. El texto contiene la obligación de que las viviendas de uso turístico dispongan de certificado de idoneidad.
El alquiler de pisos turísticos en la capital se ha disparado en los últimos años. Un hecho que se puede apreciar durante estos días, coincidiendo con la celebración del Orgullo 2018. Según estimaciones de Airbnb, los anfitriones usuarios de la plataforma que residen en Madrid recibirán a alrededor 41.000 huéspedes procedentes de más de 110 países durante la celebración de este evento. La alerta saltó durante la celebración del Orgullo 2017, cuando se produjo un descenso de las reservas hoteleras. Parte del sector culpa a este tipo de plataformas.
Barcelona, por su parte, ha preferido pactar con Airbnb: la empresa ha prometido retirar más de 2.500 pisos ilegales de su web y ceder al Ayuntamiento los datos de todas las viviendas que se anuncian en la ciudad.
PROTESTAS EUROPEAS
París, el principal mercado urbano de la plataforma con más de 65.000 alojamientos, también le ha puesto freno a Airbnb, ya que las personas que quieran alquilar sus viviendas a turistas deben obtener obligatoriamente una autorización que verifique que no arriendan su propiedad durante más 120 días al año. Si desean hacerlo por más tiempo, deben estar declarados como profesionales del sector.
Ámsterdam, por su parte, recibe cada año más de 17 millones de turistas, y los pisos en plataformas de alojamiento vacacional se han multiplicado por cinco desde 2013. Su mayor afrenta contra Airbnb se produjo cuando el Consistorio decidió reducir de 60 a 30 días al año el periodo de tiempo que una vivienda puede ser alquilada mediante sistemas como Airbnb. Esta medida entrará en vigor en 2019.
AIRBNB SE DEFIENDE
Mientras, Airbnb se cataloga como un buena influencia para las economías locales. Según un reciente informe publicado por la propia plataforma, su actividad reporta enormes beneficios en la zonas visitadas, ya que el 87% de la cantidad pagada por el cliente va directamente al propietario del alojamiento, por lo tanto, repercute de forma favorable en la economía local.
Alegan que esta cifra es mucho mayor que si el visitante se aloja en un hotel regulado, donde entre el 14% y el 36% de la cantidad aportada acaba fuera de la comunidad visitada debido a las comisiones o al impuesto de franquiciado, entre otras razones.
