La Vicepresidencia Segunda que lidera Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, que prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.
En este sentido, no habrá lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para desplegar el realojo de la población afectada.
Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de mayo, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19.
Pero ahora, se extenderá a casos del vulnerabilidad generados antes de la crisis del coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como los hipotecarios.
La idea es que el decreto ley que extienda la imposibilidad de lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de Ministros, y siempre antes de que finalice el presente año.
En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una "vivienda digna", según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Iglesias.
Concretamente, las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como habitaciones en albergues. Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.
AFECTA A LOS GRANDES TENEDORES DE VIVIENDAS
El acuerdo, que se sustentará en un decreto ley, establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe "vinculante", que los tribunales tendrán que solicitar "obligatoriamente" en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.
Dicho pacto para imposibilitar lanzamientos incluye también a las familias "en precario" en viviendas de "grandes tenedores", es decir, a propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso, se establece que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda que permita residir a las personas afectadas.
Precisamente esta era una de las reivindicaciones de Unidas Podemos, que quería medidas específicas para que la prohibición de desahucios fuera efectiva en el caso de bancos y fondos de inversión.
La duración temporal de la medida estaba definida desde hace días pero se buscaba afinar la fórmula jurídica y técnica de la prohibición, así como la implicación de los servicios sociales municipales y las autonomías, que son las competentes en materia de vivienda. De todas formas, la voluntad del Gobierno es apoyar a las comunidades para que ofrezcan esa alternativa habitacional en forma de vivienda.
LOS CORTES DE SUMINISTROS SE NEGOCIAN APARTE
Este decreto solo se ciñe al asunto de los desahucios mientras que la recuperación de la prohibición de cortes de suministros de población vulnerable, medida que se dejó de aplicar a finales de septiembre, se sigue negociando aparte entre Unidas Podemos y PSOE.
Desde la parte morada del Ejecutivo quieren sacar adelante de nuevo esta paralización y ampliar con ello el denominado 'escudo social', al entender que es prioritario garantizar el suministro de agua, luz y calefacción en pleno invierno y por motivos sanitarios ante la incidencia del coronavirus.
PRIORIDAD PARA IGLESIAS
Iglesias había presionado para prorrogar la imposibilidad de desahucios más allá de enero de 2021 y que comprendiera situaciones de vulnerabilidad previas al Covid-19.
La cuestión generó tensiones entre los dos socios del Gobierno en coalición, sobre todo a raíz de la enmienda ya retirada a los Presupuestos que presentó Unidas Podemos con Bildu y ERC.
Esta maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon a Pablo Iglesias en público su comportamiento ante esta medida de presión de la formación morada, que perseguía aumentar la protección a la población vulnerable desde finales de septiembre.