El Grupo Parlamentario Popular quiere eliminar a toda costa el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y su próximo intento tendrá como escenario la tramitación de la nueva ley hipotecaria. El partido utilizará su mayoría en el Senado para incorporar a la norma una enmienda para que el tipo de este tributo sea cero. El PP quiere evitar que los bancos encarezcan las hipotecas al tener que asumir este impuesto.
El grupo parlamentario no ha conseguido incluir en el borrador de la ley que pasará al Pleno del Congreso su propuesta de que el tipo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados sea cero. Según explicó el portavoz del grupo en la Comisión, Carlos Floriano, los bancos empezaron a subir el precio de las hipotecas cuando el Gobierno les asignó el pago del impuesto, de forma que, al final, el coste lo van a terminar asumiendo los consumidores.
Convencido de que es necesario eliminar este impuesto para evitar que el coste lo asuman los clientes, el grupo intentará incorporar la enmienda en el proyecto de ley a su paso por el Senado, adonde llegará una vez reciba el visto bueno del Pleno del Congreso la semana próxima. Dado que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta, es de esperar que la norma se apruebe con esta enmienda, tras lo cual el texto volvería al Congreso para que este diera de nuevo su aprobación.
Se trata de una enmienda que ha sido rechazada por la Comisión de Economía del Congreso, que tiene una representación parlamentaria similar a la de la Cámara Baja. Por ello, para que el PP consiguiera su objetivo debería convencer a los grupos para recibir su apoyo... Y el del PSOE está descartado.
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El Grupo Parlamentario Popular, además, no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno ha impedido a las entidades que se deduzcan el pago del impuesto. En opinión de Floriano, aprobar esta medida por decreto ley abriría la puerta a los bancos a llevar al Estado a los tribunales alegando inconstitucionalidad y, si les dieran la razón, al final todos los contribuyentes asumirían el gasto.
La única forma de evitarlo es incluirlo en una ley, que podría haber sido esta. Sin embargo, la medida fue rechazada por la mayoría de los grupos. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno a regular esta circunstancia por ley, y no por real decreto.
LA TRAMITACIÓN SE RETRASARÁ AÚN MÁS
La incorporación de enmiendas a su paso por el Senado hará que la tramitación de la ley hipotecaria se alargue aún más. La trasposición de la Directiva europea que regula el mercado hipotecario debía incorporarse al ordenamiento jurídico español antes del 21 de marzo de 2016, pero la situación de interinidad del Ejecutivo dilató el proceso y el borrador de la norma fue aprobado en Consejo de Ministros a finales de 2017. El texto saldrá del Congreso un año después.
El mayor riesgo de alargar el proceso es que la Justicia europea decida multar a España por ello. La amenaza está sobre la mesa, puesto que la Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impusiera al Estado una multa de 105.000 euros diarios.
A pesar de que el Gobierno solicitó la tramitación urgente de la ley en el Senado para que solamente estuviera en la Cámara Alta un máximo de veinte días, la vuelta al Congreso para debatir esta enmienda del PP provocaría que la aprobación se retrasase hasta marzo, según apuntan fuentes parlamentarias. En esta fecha habrían pasado tres años desde la fecha límite impuesta por Bruselas.
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