El PP defenderá ante el Pleno del Congreso este martes una iniciativa en la que reclaman una nueva autoridad independiente para gestionar los fondos europeos que lleguen a España con el objeto de afrontar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.
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Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunció en agosto que Moncloa (al frente de una comisión interministerial) sería quien controlase el reparto junto con su director de Gabinete, Iván Redondo, y el jefe de la Oficina Económica, Manuel De la Rocha como principales responsables. La idea ya fue cuestionada por los presidentes autonómicos del PP en una conferencia posterior.
El Gobierno ha incorporado y repartido para este año entre los diferentes ministerios y administraciones 26.634 millones de euros en fondos europeos, de los cuales un 58% serán transferidos a comunidades y ayuntamientos. La ejecución de estos fondos se monotizará a través de esa unidad de seguimiento en Moncloa.
UNA FIGURA PRESTIGIO, NO UN COLABORADOR DE SÁNCHEZ
Lo que van a plantear los Popular este martes en el Pleno del Congreso es exigir al Gobierno aprobar vía decreto ley una Autoridad Independiente para la Recuperación de la Economía Española, bajo la presidencia de "una personalidad de reconocido prestigio profesional" elegida por el Congreso "por una mayoría cualificada" de la Cámara.
El PP defiende que esta autoridad tenga entre sus funciones la de establecer las prioridades de inversión de los fondos Next Generation EU (NGEU), optimizar los recursos públicos, que estos tengan un efecto multiplicador en la economía española y que, en colaboración con la inversión privada, propicien el crecimiento económico, así como la reestructuración y la modernización de "sectores económicos más vulnerables".
En su exposición de motivos, el Partido Popular destaca que España tiene previsto recibir 140.000 millones de euros de ese fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones serán en forma de ayudas directas y el resto en préstamos, los cuales, reclama el PP, "deben ser objeto de una administración y rendición de cuentas separadas".
LAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y LOS CRITERIOS DE REPARTO
Entre las funciones que el PP plantea para esta autoridad está proponer o determinar las prioridades de inversión de estos fondos, los criterios de reparto entre administraciones, el control de los proyectos ejecutados por administraciones territoriales, y la convocatoria, gestión y resolución de los procedimientos de concurrencia competitiva de aquellos proyectos que fueran competencia de la Administración central.
Asimismo, propone que esta autoridad se encargue de la documentación de todos los programas de gasto que deban llevarse a cabo con cargo a este programa de fondos y la preparación de la documentación que deba ser presentada ante la UE por parte del Estado para la gestión de los mismos.
CREE QUE SE LANZARÍA "UN MENSAJE DE UNIDAD Y CERTIDUMBRE"
Y es que esta formación considera que una gestión de estos fondos por parte de esta autoridad, "con independencia de los avatares presupuestarios e incluso del calendario político y electoral", permitiría "lanzar un mensaje inequívoco de unidad y certidumbre en torno a la recuperación, de eficaz y necesaria colaboración público-privada y de unidad".
Para el PP, esta autoridad debería estar presidida por "un profesional independiente sin adscripción partidista y de reconocido prestigio nacional e internacional", y contar con un consejo rector con presencia de representantes de comunidades autónomas y entidades locales, así como de la Comisión Europea, en calidad de observador.
Asimismo, apuesta por que su personal sea, con carácter general, funcionario de carrera de las Administraciones Públicas, pero también personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales o personal eventual para "atraer gestores competentes del sector privado, con una trayectoria y experiencia que se pueda contrastar".
Esta autoridad, concluye el PP, debe de actuar "con plena independencia orgánica y funcional", sin que su presidente ni el resto de sus integrantes puedan solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. Todo ello sujeto a control parlamentario y rendición de cuentas ante la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
