Los gobiernos de Polonia y Hungría han presentado sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra del mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho. Lo han hecho al entender que este reglamento carece de base jurídica e interfiere en competencias que son propias de los Estados miembro.
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Hungría y Polonia ya fueron los principales detractores de este mecanismo, que prevé la suspensión de las ayudas si la Comisión Europea detecta vulneraciones de los principios del Estado de derecho que puedan afectar a los intereses financieros del bloque. Amenazaron con vetar la aprobación, aunque finalmente ambos gobiernos cedieron tras llegar a un compromiso con el resto de socios comunitarios para la no aplicación temporal del mecanismo. No obstante, ahora han optado por llevar sus discrepancias ante el TJUE, tal y como ha confirmado el propio tribunal este jueves.
"Hungría y Polonia interponen acciones ante el TJUE contra el mecanismo de condicionalidad sobre el Estado de derecho de los pagos de la UE", ha escrito la corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, en su perfil de Twitter.
El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, ha insistido en que la suspensión de los fondos solo puede llegar en casos objetivos, tomando como referencia básicamente datos económicos. Varsovia considera que la Unión Europea no tiene competencias para definir qué se entiende por Estado de Derecho, y también insiste en que cualquier decisión que tome como referencia este concepto sería por tanto "discrecional", según recoge la agencia de noticias PAP.
Además, Polonia cree que Bruselas, con esta condición, está "incumpliendo los Tratados europeos". Según ha dicho el portavoz polaco, y recoge Efe, ese tipo de mecanismos "interfieren con las competencias de los Estados miembros y violan la legislación de la Unión Europea".
Hungría, por su parte, se ha sumado posteriormente a este recurso.
