Contagiada por la debacle de Estados Unidos que propició la quiebra de Lehman Brothers, España sufrió su propia crisis financiera, aunque esta tardó unos años en desestabilizar el sistema bancario debido a las particularidades del sector español, formado en el momento por más de cuarenta cajas de ahorro, y a las tardías decisiones tomadas por las autoridades para frenar el declive.
El hinchamiento del crédito promotor por parte de las entidades derivó en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que años después tuvo como consecuencia la quiebra de numerosas cajas de ahorro. Estas entidades, con su particular sistema de gestión, superaban la cuarentena en 2009 y están prácticamente desaparecidas a día de hoy.
Algunas se constituyeron en sistemas institucionales de protección (SIP) y otras fueron directamente integradas en entidades sin problemas. En todo caso, el complejo proceso de reestructuración bancaria no fue gratis. Las entidades recibieron una inyección superior a 60.000 millones de euros, cantidad de la que, según parece, la mayoría no se recuperará. De la crisis se han sacado muchas lecciones, pero, ¿podría volver a pasar en España?
MÁS SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN
Desde que tuvo lugar la reestructuración bancaria en España, en los años 2011 y 2012, las cosas han cambiado mucho en el sistema financiero. La principal diferencia es que la supervisión de las entidades ya no recae solamente en manos del Banco de España, sino que el Banco Central Europeo (BCE) vigila ahora el comportamiento de los grandes bancos.
La regulación también ha cambiado. Ahora las entidades están obligadas a disponer de mecanismos para ‘autosalvarse’ en caso de crisis. Las autoridades no quieren volver a tener que recurrir al bail out, es decir, rescatar a los bancos con dinero público, y abogan por que el sistema efectúe un bail in llegado el caso.
Este mecanismo contempla que, en caso de crisis, los accionistas y acreedores de la entidad deberán asumir las pérdidas. Sus instrumentos se amortizarán por orden de mayor a menor riesgo, hasta reducir a cero las acciones y los bonos contingentemente convertibles, la deuda non-preferred, la deuda subordinada, la deuda senior y los depositantes con más de 100.000 euros en el banco, puesto que una cantidad inferior está cubierta con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Para que esos instrumentos puedan utilizarse para salvar al banco, las entidades tienen unas obligaciones de emisión de deuda que absorbe pérdidas en caso de necesidad, es decir, deben cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Esta deuda se llama non-preferred y los bancos españoles pueden emitirla desde que el Gobierno aprobó el año pasado un real decreto para ello.
Control de riesgos, mayor protección al consumidor, aumento de provisiones, mejoras en el sistema hipotecario y en el gobierno corporativo de la entidades... Al margen de las nuevas exigencias de capital, los bancos, que se ven inmersos en numerosos procedimientos judiciales por mala praxis y cambios de criterio del regulador, tienen ahora que enfrentarse a mucha más regulación que en los años precrisis.
ASUNTOS PENDIENTES
A pesar de que la supervisión y la regulación sean ahora más potentes, quedan flecos que hacen pensar que podría volver a tener lugar una crisis que desestabilizara el sistema financiero y pusiera en riesgo la estabilidad del euro. El último rescoldo de la crisis se encuentra en Popular, que tras arrastrar la carga del ladrillo y negarse a recibir ayudas públicas o traspasar activos a la Sareb, terminó cayendo por falta de liquidez.
Cuando se precipitó la caída de la entidad, en sus últimas horas de vida, el banco solicitó al Banco de España una línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés), el único mecanismo con el que cuenta ahora el supervisor para aportar liquidez a un banco después de que desapareciera, tras el traspaso de competencias al BCE, la figura del prestamista de último recurso.
Esta ausencia, cuyo fin reclaman públicamente los ejecutivos de los bancos españoles, podía haber salvado a Popular de su crisis de liquidez, si bien sus numerosos problemas habrían terminado pasándole factura aunque no hubiera sido resuelto en la noche del 6 de junio de 2017.
En todo caso, en el supuesto de que tuviera lugar otra crisis de una entidad, los mecanismos para su salvación no están del todo preparados. Aunque los mayores requerimientos de capital servirán a los bancos para autorrescatarse, es necesario completar la dotación del Fondo Único de Resolución (FUR), que se utilizará para la resolución de entidades financieras en determinadas circunstancias.
El compromiso es que este instrumento cuente con 56.300 millones de euros en 2023, el equivalente al 1% de los depósitos cubiertos de los Estados miembros que integran el Mecanismo Único de Resolución (MUR), y ya se ha recaudado desde 2016 casi la mitad, unos 24.900 millones de euros. De esta cantidad, las entidades españolas han aportado unos 2.800 millones de euros.
¿FONDO DE DEPÓSITOS EUROPEO?
Otro instrumento queda por activar. El BCE propuso la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos común a los países de la zona euro, que podría llegar a evitar crisis peores que la sufrida en 2008 si consiguiera recaudar unos 38.000 millones de euros, de acuerdo con un informe del supervisor.
Desde los bancos españoles se ha citado en numerosas ocasiones la creación de este instrumento como el último paso para completar una verdadera Unión Bancaria, si bien esta iniciativa debe pasar antes por el aprobado de los países miembros. ¿Abren estos flecos la puerta a que una crisis como la sufrida hace diez años se repita? Solo el tiempo lo dirá.
