Podemos exige suprimir las sicavs y la deducción a planes de pensiones

Son dos de las medidas más llamativas que aparecen en el documento 'Dejar atrás la austeridad', presentado este miércoles por la formación morada y que ha suscitado un gran revuelo, ya que el Gobierno ha asegurado que está valorando muchas de estas propuestas, aunque sin concretar cuáles. Ha llegado incluso a asegurar que "hay espacio para el acuerdo" porque Podemos ha lanzado medidas que ya habían sido propuestas por el gabinete de Sánchez, aunque en realidad el Ejecutivo solo se ha referido de forma concreta a la subida de impuestos, sin explicar qué pasará con el resto de medidas recogidas en el mencionado documento de 17 páginas. En este sentido, el Gobierno ha recalcado que espera aprobar en septiembre la reforma fiscal para las "grandes riquezas".

Podemos critica que las grandes fortunas pueden acogerse a "innumerables privilegios fiscales para acabar tributando proporcionalmente menos que la gente trabajadora"

Por ejemplo, nada ha detallado sobre la exigencia de Podemos de suprimir las sicav. La formación morada ha puesto en la diana a estos vehículos de inversión porque quiere terminar con los "privilegios de las élites y grandes empresas" que, a su juicio, deben contribuir más a la financiación del Estado de bienestar. Los de Iglesias creen que eso no se logrará si se mantienen las sicav, porque se trata de sociedades que, dicen, favorecen que las grandes fortunas sigan enriqueciéndose.

Ese tipo de sociedades de inversión, en las que invierten la gran mayoría de ricos españoles, sólo pagan por ley un 1% en concepto de impuesto sobre beneficio. Aunque a veces ni siquiera se alcanza esa cantidad. En 2017 registraron, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un beneficio neto cercano a los 1.550 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 65% más que el año anterior. Sin embargo, 'solo' pagaron 15 millones en concepto de impuesto sobre beneficios, lo que implica un tipo efectivo del 0,9%.

El beneficio de las sicav no deja de crecer, y el de 2017 fue el más alto registrado en los últimos cinco ejercicios, pese a que estas sociedades tenían menos patrimonio y menos accionistas. Por ello están en el punto de mira, y no solo de Podemos. Desde hace unos años se viene hablando de la posibilidad de modificar el régimen de las sicav, aunque ha sido la formación morada la primera que ha hablado directamente de eliminarlas. No obstante, parece que de momento el Gobierno sólo estaría planteándose un cambio en su tributación. Fuentes del Ministerio de Hacienda han reconocido, como recogen diversas agencias, que existe margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que escapan del radar del Gobierno, en relación a las sicav y a las tecnológicas. Podemos asegura que el sistema impositivo actual es "profundamente injusto" porque permite a grandes fortunas acogerse a "innumerables privilegios fiscales para acabar tributando proporcionalmente menos que la gente trabajadora".

Por eso, también en materia impositiva Podemos ha reclamado a Sánchez que elimine las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una medida que, de llevarse a cabo, podría afectar a la declaración de ocho millones de cotizantes. Esa es la cantidad de partícipes que la patronal Inverco calcula que hay actualmente en España con un plan de pensiones contratado, aunque el número de cuentas es mucho mayor, de 9,6 millones según los datos a cierre del segundo trimestre, dado que existen ahorradores con más de un plan. Todos los partícipes disfrutan actualmente de una deducción en el IRPF, que varía según la aportación que hagan cada año a su plan de pensiones.

Estas aportaciones reducen la base imponible del IRPF, de forma que un ahorrador puede desgravarse hasta un máximo de 8.000 euros al año, o hasta el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, tal y como especifica la Agencia Tributaria (AEAT). En la práctica, según cálculos de BBVA, por cada 1.000 euros que una persona aporte a su plan de pensiones podrá desgravarse hasta 240 euros en la declaración de la Renta, teniendo en cuenta un tipo marginal de retención del 24%.

En 2017 los españoles realizaron aportaciones a sus planes de pensiones por valor de 4.979 millones de euros, según datos de Inverco. Las prestaciones acumuladas a cierre del año pasado ascendieron a 4.543 millones, por lo que, al final, las aportaciones netas fueron de 436 millones de euros. Podemos reclama ahora a Sánchez que elimine las deducciones para así engrosar las arcas del Estado y poder elevar el gasto público. Es otra de las condiciones 'sine qua non' que deben llevarse a cabo para que el partido morado pueda "siquiera plantearse la posibilidad de aprobar la senda de déficit como paso previo a la negociación de los Presupuestos", defienden los de Iglesias en el documento.

OTRA 'EXTRA' PARA LOS PENSIONISTAS Y PLUSVALÍA

Con esta medida la formación morada quiere favorecer el sistema público de pensiones, pero tampoco se ha olvidado de los propios pensionistas. Reclama al Ejecutivo socialista que este año les ingrese otra paga 'extra' para compensar la diferencia que se va a producir entre lo que reciben y el Índice de Precios al Consumo (IPC). En concreto, Podemos exige que se abone una "paga única" para evitar la "pérdida de poder adquisitivo en las pensiones en el año en curso", de forma que la cantidad que se ingrese sea la diferencia entre la subida del 1,6% comprometida para este año en el acuerdo PP/PNV y la inflación al cierre de este año.

Además, el partido de Iglesias condiciona su apoyo al Gobierno a la adopción de otras medidas, como que se produzca la "inmediata compensación" de los efectos sobre la recaudación municipal del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que quiere que el gabinete de Sánchez compense a los Ayuntamientos por la cantidad que van a dejar de percibir en este concepto tras decretar el tribunal que se ha venido cobrando erróneamente en los casos en los que se producía minusvalía en la venta de un inmueble por un error de cálculo en la ley. Podemos cree que "es injusto que los errores del legislador estatal deban ser asumidos por los Ayuntamientos".

En lo que respecta a política municipal, los de Iglesias reclaman también a Hacienda que permita a los Ayuntamientos invertir su superávit en políticas sociales y otras medidas, dado que ahora solo se puede destinar al pago de la deuda, incluso si los consistorios no tienen.