Los planes de pensiones de empleo impulsados por el Gobierno deberán tener una comisión máxima del 0,3%, según el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una cifra inferior a la de 0,5%-0,4% de borradores anteriores.
El Ejecutivo quiere ampliar en las próximas décadas el número de trabajadores activos cubiertos por un plan colectivo, ya que en la actualidad apenas un 10% de la población activa cuenta con un plan de empleo, muy lejos del entorno europeo, donde oscila entre el 25% y el 90%. Aunque no hace falta mirar a los países del entorno, ya que en el País Vasco un 48% de los asalariados están cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).
Para alcanzar cifras similares, cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y corregir los desequilibrios entre los planes privados y los de empresa, acentuados en las últimas décadas en detrimento de los segundos, el Gobierno pretende que las comisiones de los planes de empleo resulten atractivas para las empresas y los trabajadores.
Ese límite del 0,30% sobre los activos gestionados se fundamenta en que los planes de empleo existentes, sobre todos los de empleados públicos, con fondos de más de 100 millones de euros, ofrecen costes de gestión inferiores a ese 0,3%. El otro motivo que justifica ese tope es un estudio basado en las cuentas de resultados de las entidades gestoras de fondos de pensiones. La conclusión es que sus costes también se sitúan por debajo del 0,30%.
LAS EMPRESAS DEBERÁN AJUSTARSE A UNA COMISIÓN POR DEBAJO DE 0,3%
Por tanto, las gestoras de fondos que se presenten a la licitación para gestionar los fondos de empleo impulsados por el Gobierno deberán ofrecer comisiones por debajo de esa cifra. El anteproyecto también recoge que el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias estará sujeto a la ley de Contratos del Sector Público, para garantizar los principios de "igualdad, transparencia y libre concurrencia".
Los activos de los fondos se invertirán teniendo en cuenta "el interés exclusivo de las personas partícipes y beneficiarias", y se deberán valorar la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones. Todo ello deberá responder a unos criterios que valoran los riesgos extrafinancieros y los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, alineados con los Principios para la Inversión Responsable (Unpri).
Además, las gestoras de los fondos de empleo tendrán que proporcionar en sus plataformas digitales la información sobre la evolución y situación de los derechos económicos en el plan, entre otras cuestiones como las modificaciones normativas o cualquier cambio de las especificaciones del plan.
El Gobierno espera tener aprobada esta normativa antes de que comience el segundo semestre de 2022.
