27.000 millones de la imponente cifra de 72.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé inyectar en la economía, para impulsar la recuperación tras la pandemia y la creación de empleo están encallados en la misma casilla de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Representan el 40% del total que el Ejecutivo bicolor ha proyectado gastar en su Plan de Recuperación hasta 2023 y Moncloa quiere incluirlos en las cuentas de 2021, con el fin de atraer al resto de fuerzas parlamentarias a su terreno. Incluso al PP.
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Este movimiento, mediante el que quiere empezar a gastar los fondos europeos sin tener que esperar a la llegada del dinero de la Unión Europea (UE), busca “acelerar la ejecución del plan desde el momento en que los Presupuestos estén aprobados”, según Sánchez. Una declaración de intenciones con la que lanza un anzuelo para pescar en el Congreso los apoyos necesarios de cara a sacar adelante sus números, que deben quedar aprobados con una mayoría absoluta de 176 escaños.
Aparentemente poco ha cambiado en la aritmética de la cámara baja que haga pensar que Sánchez va superar los escollos a su proyecto presupuestario del año próximo. En estos momentos, PSOE y Unidas Podemos aglutinarían el respaldo de parte de sus socios, incluso de Ciudadanos, mientras que los populares de Pablo Casado siguen cerrados en banda a negociar la cuentas, por lo que la llave del Presupuesto que está destinado q sustituir al del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prorrogado desde 2018, sigue en manos de los independentistas. Pero la tormenta que arrecia con fuerza en ERC y el espacio postconvergente, sumada a la inhabilitación del expresidente catalán, Quim Torra, y las elecciones en febrero, ha provocado un terremoto en los partidos soberanistas tal que los republicanos podrían acabar por respaldar a Sánchez.
Socialistas, podemitas y republicanos miden el impacto de repetir su alianza, que a todas luces contará con el beneplácito también del partido de Inés Arrimadas, quien ya se ha abierto a apoyar los PGE. El proceso abierto tras la salida de Torra ha permitido ganar tiempo y los republicanos estudian qué repercusiones tendrá en el proceso electoral que se abre a cinco meses vista cerrar filas ahora con el Ejecutivo. La mesa de diálogo, aplazada hasta que el Govern catalán salga de su interinidad y el anuncio de una segunda ampliación de los Presupuestos catalanes, que incluirá un incremento de 200 millones de euros para salud y 20 millones para universidades, que se suman a los 6 millones en cultura ya anunciados, marcan la senda para que el partido de Oriol Junqueras acabe siendo la muleta del PSOE y Unidas Podemos.
Por ahora, el Gobierno ha dado el primer paso en el proceso de los PGE al elevar el lunes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2021, que aumenta un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos. Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe presentarse ante los diputados para lograr que se apruebe, a lo que el PP exige a Sánchez un "plan de reequilibrio del Presupuesto" para apoyar la 'barra libre' de gasto. De no superar este trámite, Moncloa debería volver a empezar.
La presentación del Plan de Recuperación, que deberá remitirse a Bruselas antes del 15 de octubre, se ha producido también un día después de que el Consejo de Ministros aprobase el nuevo cuadro macroeconómico, que contempla una caída del PIB del 11,2% este año y un avance del 7,2% en 2021, pero que alcanzará un 9,8% gracias al impacto del Plan de Recuperación.
Además, el Ejecutivo ha fijado una previsión de déficit del 11,3% del PIB este año y una deuda pública del 118% del PIB, ha establecido una tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021.
ESPAÑA TIENE QUE HACER SUS DEBERES
Así las cosas, las casas de análisis internacionales subrayan en sus informes la preocupante situación de España. En este sentido, Rabobank cree que “puede tardar años en recuperar sus niveles pre-crisis”, ya que prevé que el PIB sólo repuntará un 5,3% en 2021 -frente al 7,2% que espera el Gobierno-. En cuanto al empleo, ubica la tasa de paro en el 20% en 2021, frente a la recuperación hasta el 16,9% que maneja Sánchez, quien prevé la creación de 800.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2023, gracias a su plan de reflote y la reincorporación de los 700.000 trabajadores que todavía están en ERTE.
'Bloomberg', por su parte, hace hincapié en que “la creciente lista de riesgos de España está empezando a poner nerviosos a los inversores”. La deuda española se disputa con la italiana el dudoso honor de ser "el paria de Europa" y tener los bonos de mayor rendimiento. "El margen entre las rentabilidad de la deuda española e italiana es el más pequeño de los dos últimos años", alerta la agencia de noticias.
Con este panorama, no es de extrañar que Sánchez exhorte al Congreso a “acelerar el calendario” de la recuperación económica, ya que los más de 27.000 millones de euros a emplear en 2021 permitirán “acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en el que los Presupuestos sean aprobados y más allá de los tiempos que maneja la Comisión para los pagos”.
Por ello, el presidente del Ejecutivo afirmó el martes que “España necesita perentoriamente unos nuevos Presupuestos” y que estos “no son unos Presupuestos cualquiera; son los presupuestos que demanda un país que debe reponerse de un gran golpe y ganar su futuro”.
En este sentido, resaltó que se trata de unos PGE “de progreso porque todas las grandes transformaciones que nos emplazan tienen un sesgo progresista: la transformación digital, la transición energética, la cohesión social y territorial, la igualdad de género”, y, por otro lado, unos PGE “de país porque su urgencia trasciende las lindes de los partidos y reclama unión en el esfuerzo de la recuperación y la transformación”.
