El peligro de suprimir el impuesto eléctrico: volver al déficit de tarifa

El déficit de tarifa es la diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas. Dicho de otra forma, lo que hoy en día pagan los españoles en el recibo de la luz no alcanza para cubrir lo que les cuesta a las eléctricas proporcionar la energía que se consume, y esa diferencia es lo que los consumidores deben a las eléctricas. Pero, ¿cómo nació el déficit de tarifa?

Fue en 1997, cuando el Gobierno presidido por José María Aznar impulsó una ley que establecía una regla según la cual la tarifa eléctrica nunca podía subir más que el IPC. Para controlar los precios, el Ejecutivo del PP decidió congelar el precio de la electricidad a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro, lo que dio origen al déficit de tarifa. La deuda empezó a acumularse ya que al mantener los precios artificialmente bajos se incentivó el consumo, lo que hizo que las eléctricas tuviesen que proporcionar más energía sin que se crubriese el coste de la generación.

Este año no hay riesgo porque el precio de la electricidad ha subido mucho y también los ingresos por los derechos de emisión de CO2

En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 30.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabase con esta situación. En la actualidad el déficit de tarifa se sitúa por debajo de los 20.000 millones, y las estimaciones apuntan a que esta deuda no se terminará de pagar hasta dentro de una década.

En los últimos años la deuda se ha ido abonando poco a poco, pero los expertos no descartan que la supresión del impuesto, aunque sea temporal -el Ejecutivo aún no ha aclarado cuándo entrará en vigor la medida ni durante cuánto tiempo se mantendrá-, pueda provocar un aumento de la misma. Los analistas de GVC Gaesco recordaban este jueves en un informe que este impuesto se usaba para que el Gobierno pagase la deuda, por lo que ahora, tras su supresión, ven "casi seguro que no la pagará". Por tanto, señalan, esta decisión "aumenta en parte el riesgo regulatorio en España, porque habrá que ver si se genera déficit y si este se reconoce".

Y sobre el déficit de tarifa también hablaban este jueves los expertos de Sabadell en otro informe, en el que destacaban que pese a que la suspensión del impuesto a la generación "no sorprende" porque ya "se venía rumoreando", lo cierto es que "podría ser negativo para el sector si se traduce en la generación de déficit de tarifa". Sus estimaciones apuntan a que tras la subida de precios de los derechos de emisión de CO2 (una tasa que las eléctricas deben pagar por contaminar con la generación de energía) el Gobierno ingresará más de lo inicialmente previsto, de forma que el sistema tendrá un superávit de aproximadamente 1.250 millones de euros (frente a los 256 esperados en la orden de tarifas 2018). Sin embargo, "no será suficiente para compensar la eliminación del impuesto", que restará 1.500 millones de euros en ingresos.

Desde Sabadell también apuntan que "si además los precios del CO2 corrigieran, podríamos volver a ver una generación de déficit aún más clara, que tendrá que se compensada". El Gobierno ha asegurado que 'solo' dejará de ingresar 1.000 millones de euros y que la merma de la recaudación "se corregirá con otras partidas presupuestarias", aunque no ha dado más detalles.

Puede que que los problemas no se perciban de forma inmediata, pero llegarán, según los expertos, casi con toda seguridad el año que viene. Manuel Fernández, director de la comercializadora de electricidad AEQ, explica que este año no hay riesgo porque el precio de la electricidad ha subido mucho, de forma que lo recaudado hasta ahora con el impuesto del 7% cubre la previsión del año para pagar la deuda. A eso hay que añadir el aumento del precio de los derechos de emisión de CO2, que también ha beneficiado al Gobierno, y lo que ha ingresado en este concepto supera las cifras del año pasado.

Por eso cree que el problema puede producirse en 2019, ya que la suspensión del impuesto puede derivar en un desajuste que genere déficit por la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico. Pero además Fernández recuerda lo que dice la Ley del Sector Eléctrico, que indica que cuando el déficit de tarifa supere el 2% de los ingresos estimados del sistema en un año "los peajes, en su caso, o cargos que correspondan se revisarán al menos en un total equivalente a la cuantía en que se sobrepasen los citados límites". Es decir, si se llega a esta situación el Gobierno tendría que elevar la tarifa de acceso a la red eléctrica, que se paga en la factura. O lo que es lo mismo, el recibo de la luz volvería a subir.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, decía este jueves en una entrevista en La Sexta que "hay pocas cosas que podamos tocar para bajar la factura", y reconocía que la suspensión del impuesto a la generación es una "medida paliativa" que "no resuelve el problema" de la subida de la luz.