Pedro Sánchez prohibirá por ley nuevas amnistías fiscales

"El Gobierno impulsará un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude". Así lo ha anunciado Sánchez en la Cámara baja, en la que se ha comprometido a perseguir a los defraudadores, a "actualizar la lista de paraísos fiscales", a "prohibir futuras leyes de amnistía" y a incluir en la lista de morosos a todos los defraudadores fiscales. Lo ha hecho tras asumir que no podrá publicar los nombres de los amnistiados por Rajoy: "Desafortunadamente no podemos publicar sus nombres", ha dicho. Ya lo había dejado entrever en los últimos días, y también lo había reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez cree que la línea seguida por el anterior Ejecutivo fue un error, tanto por llevar a cabo la amnistía fiscal como por no haber publicado el listado de los amnistiados. "El PSOE presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que la amnistía era ilegal e injusta. El anterior Gobierno, para justificarla, previó recaudar más de 2.000 millones y no llegó a la mitad. Fue un fracaso moral y recaudatorio", ha criticado.

También ha recordado que la amnistía fiscal "cuenta con una sentencia dura, el Constitucional declaró nula la amnistía, y se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. No es posible revisar los casos, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías", ha remarcado Sánchez, que ha insistido en que "no habrá justicia social sin que haya justicia fiscal", y por ello ha anunciado estos cambios en el hemiciclo.

IMPUESTOS A LA BANCA Y LAS TECNOLÓGICAS

Además, en lo que respecta a fiscalidad, Sánchez también ha confirmado otras líneas de trabajo en las que se centrará su Gobierno. "No pondremos impuestos a los ciudadanos de a pie, pero sí exigiremos un mayor esfuerzo fiscal a los mayores conglomerados empresariales", ha afirmado el presidente.

En este sentido, ha mencionado varias prioridades, como impulsar una fiscalidad que "tenga en cuenta el impacto de las compañías tecnológicas", es decir, quiere gravar el comercio electrónico actualmente exento de tributación, y que según ha dicho es una medida que cuenta con "amplio consenso en el seno de la UE"; y "rediseñar el impuesto de sociedades" porque, a su juicio, no puede ser que las pequeñas y medianas empresas soporten un tipo efectivo más alto que las grandes compañías, por lo que harán que "el tipo efectivo de las grandes corporaciones se acerque al tipo real y que en ningún caso sea inferior al 15%", porque "es de justicia fiscal".

Asimismo, ha anunciado la creación de "figuras tributarias orientadas a desincentivar las prácticas que perjudiquen el medio ambiente", lo que hace pensar en un impuesto especial al diésel, y la llegada de una "figura impositiva finalista vinculada al sector financiero que complemente la Seguridad Social y las pensiones".