El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado este jueves en La Moncloa a primera hora de la mañana el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, que incluye una subida del salario mínimo hasta los 900 euros.
El jefe del Ejecutivo ha citado este jueves a las 8.30 horas al líder morado para rubricar el documento que Gobierno y Podemos cerrando durante la noche este miércoles, tras días de intensos contactos para salvar los escollos que habían surgido en la última fase de la negociación. Iglesias y Sánchez terminaron de resolver dichas diferencias en el encuentro que mantuvieron este miércoles por la tarde en La Moncloa y tras revisar el documento los respectivos equipos, el líder de Podemos ha vuelto este jueves para firmar el acuerdo.
Podemos exigía que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad
En él se incluye elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta 900 euros mensuales. Precisamente ese era uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo, ya que Podemos exigía que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad. Y es que Sánchez se había comprometido el pasado mes de julio a llevar el salario mínimo hasta los 1.000 euros para 2020.
Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más. El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, se acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020, de forma que al final del periodo el SMI llegase a los 850 euros mensuales. Sin embargo, el Gobierno del PSOE y Podemos han pactado ir más allá.
Pero no se han quedado ahí. El acuerdo también contempla destinar 515 millones más para dependencia y otros 350 millones para la cotización de los cuidadores y aumentar el dinero que se destina al Plan Estatal de Vivienda. Se van a regular los precios del alquiler para dar más protección a los inquilinos y se hará un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler en las "zonas tensionadas", es decir, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.
Asimismo, Gobierno y Podemos han pactado una subida de un punto en el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas (por encima de 10 millones de euros) y que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3% en 2019, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%, según el IPC previsto para el año que viene, para lo que se destinarán 704 millones de euros.
Por otro lado el tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros.También se contempla que los permisos de paternidad y maternidad sean iguales (8 semanas en 2019, aunque subirá a 12 en 2020 y a 16 semanas en 2021), e intrasferibles, algo que estará regulado por Ley y que tendrá un impacto presupuestario de 300 millones de euros; un aumento de las becas y una bajada de las tasas universitarias; y se ha acordado la reforma parcial de la Ley Electoral. que supondrá la obligatoriedad de las listas cremallera y el mailing electoral conjunto, lo que ahorrará dinero al Estado.
El pacto incluye medidas sobre transición energética y una carga impositiva a los "beneficios caídos del cielo" del sector que permita aliviar el alza del precio de la energía para consumo doméstico, así como una reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales. También se ha pactado la regulación de la publicidad de los juegos de azar en términos similares al alcohol o el tabaco, y se eliminará del código penal el controvertido artículo 315.3 que persigue a los sindicalistas porque incluye penas de cárcel para los piquetes de las huelgas. Además, se permitirá a los ayuntamientos en superávit destinar fondos a implementar la gratuidad de la escolarización 0-3 años.
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NEGOCIACIÓN COMPLICADA
El Ejecutivo y la formación de Iglesias llevaban desde el mes de agosto negociando las cuentas públicas y ambas partes preveían tener listo el acuerdo global esta semana, antes de mandar a la Comisión Europea, como tarde el 15 de octubre, las líneas generales del plan presupuestario.
Sin embargo, las negociaciones se estancaron el pasado fin de semana, después de que el Gobierno remitiera a Podemos una propuesta por escrito que resultó "decepcionante" para la formación morada, al no plasmar los compromisos verbales que, según Podemos, había manifestado el Ejecutivo.
El partido de Iglesias anunció el lunes que en ese momento estaban en el 'no', porque faltaban algunas de las medidas que consideran prioritarias y fundamentales, como las destinadas a pinchar la burbuja del alquiler, la subida del salario mínimo, la recuperación del subsidio por desempleo a partir de los 52 años y la provisión de fondos para pagar las ayudas de dependencia a los beneficiarios que no las cobran. Al final, Gobierno y Podemos han acercado posturas y han logrado cerrar un acuerdo.