La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, las dos principales patronales del sector, han expresado este jueves "su más enérgico rechazo" a la posibilidad de que el Gobierno haga permanente el impuesto que grava sus ganancias.
En un comunicado conjunto, las agrupaciones han asegurado que "si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga".
Además, añaden, "supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas".
Según su cifras, la recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario en España.
"Si este impuesto, concebido como 'extraordinario', se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022, dicha justificación no tiene vigencia. Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente", aseguran.
También se han mostrado en contra de la forma de tramitación del gravamen, ya que, apuntan, "la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones merma la calidad del debate público, e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad".
"En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía", concluyen.
