El Parlamento de Italia ha aprobado el decreto que recoge la flexibilización del impuesto extraordinario a la banca. De esta manera, el gobierno de Giorgia Meloni ha superado el último obstáculo necesario para que la legislación, que busca gravar los beneficios de las entidades al 0,26% de los activos ponderados por riesgo a nivel individual, sea vinculante.
El tributo ha sido objeto de polémica desde que fuera dado a conocer y ha estado sujeto a diversas enmiendas que también han sido refrendadas por los parlamentarios italianos y que contemplan, entre otras medidas, que los bancos puedan evitar el abono de la tasa si destinan hasta dos veces y media más la cantidad debida a reforzar su ratio de capital CET1, el de mayor calidad. No obstante, en caso de hacer un uso posterior de estas reservas para el reparto de dividendos, deberá pagarse el impuesto más el vencimiento de deuda.
Con todo, la tasa seguirá aplicándose al 40% de los beneficios extraordinarios del sector bancario, medidos por el diferencial de los ingresos netos por intereses entre 2021 y 2023 con una ganancia superior al 10%.
El Ejecutivo de Meloni aprobó el pasado mes de agosto, y de manera inesperada, este gravamen a la banca italiana sobre los beneficios extraordinarios conseguidos por las entidades financieras en 2023 y provocó el desplome en bolsa de los bancos del país transalpino.
El Banco Central Europeo (BCE) también puso en duda algunos puntos de este impuesto al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades ni afectar a todas por igual.
Los expertos también mostraron sus reticencias al estimar que "es negativo y genera incertidumbre regulatoria", según Bankinter.
Con este impuesto, el Gobierno italiano espera recaudar alrededor de 3.000 millones de euros y que compense otras rebajas fiscales aplicadas a las familias para la compra de vivienda.
