La carambola del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Podemos para eliminar la palanca del Senado sobre los presupuestos tiene daños colaterales en las relaciones con la Generalitat. Y no son ‘pecata minuta’. La aritmética parlamentaria de la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, pactada entre ambas formaciones, requiere el voto favorable de los mismos grupos del Congreso que respaldaron la moción de censura socialista, entre ellos, los independentistas. Un autogol en toda regla del presidente del Gobierno que se ve obligado a descartar un nuevo 155 en la región, por ahora.
De cara a la galería, Sánchez ha reiterado su compromiso con el autogobierno en Cataluña y sus ministros han pasado de puntillas sobre el ataque del president del Govern catalán, Quim Torra al Estado. Fuentes socialistas insisten a Bolsamanía que en los primeros 100 días de gobierno del Ejecutivo soberanista “no ha habido motivos para que se vuelva a intervenir la Generalitat” en virtud del citado artículo de la Constitución. Por lo que tamaña medida no entra en las intenciones de los socialistas “ni ahora ni en el futuro próximo”.
Sí se muestran contundentes desde el PSOE cuando aseveran que lo que no se va a permitir es que “Torra se salte la legalidad, un pleno en el Parlament de Catalunya como el del 6 y 7 de septiembre de hace aproximadamente un año y mucho menos planteamientos anticonstitucionales”. Supuestos bajo los que no se incluyen las proclamas que Torra profirió recientemente contra el Estado y las fuerzas policiales.
En cambio, la renovada tensión en Cataluña, donde la situación en las calles adopta tintes de polvorín ante el otoño caliente que se espera, adelgaza las líneas rojas de PP y Ciudadanos, que ya han reclamado tolerancia cero con los independentistas. Desde sectores del tejido empresarial también se demanda al Estado atajar la situación, ya que vienen “fechas muy complicadas como el 11 de septiembre, el 1 de octubre o el 9 de noviembre”, según Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya.
En definitiva, se reivindica una nueva y mejorada versión de la toma de control de la Administración catalana. Pero, tal como recuerda el decano del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, Jordi Pacheco i Canals, es condición sine qua non el “poco probable” impulso de Sánchez, quien se halla atado de pies y manos hasta, por lo menos, que se elimine el veto del Senado a la senda de reducción de déficit y de deuda mediante una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Sánchez sudará para obtener el voto favorable de los independentistas a la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
PODEMOS Y LOS INDEPENDENTISTAS TIENEN LA LLAVE
El proceso empezó la semana pasada, poco después de que se anunciara el pacto con Podemos para que se vote sólo en el Congreso. O lo que es lo mismo, que se prescinda del beneplácito del senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- al acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, explican a Bolsamanía politólogos consultados.
Exponen también que esta modificación de la ley orgánica, que se hará por la vía de urgencia y en lectura única, debe salir adelante con mayoría absoluta (176 escaños). Es decir, Sánchez necesita los apoyos de las mismas fuerzas que le brindaron su respaldo en la moción de censura con la que expulsó al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de la Moncloa. Por lo tanto, además de la formación morada, deben darle el sí el PNV, ERC y el PDeCAT.
De momento, los republicanos se sumaron a la proposición de ley con la que se inició el trámite, junto a Unidos Podemos y Compromís. Los apoyos del PDeCAT son harina de otro costal. Enzarzado como se halla el Estado con el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su cruzada personal con el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y fuertemente presionado por los postconvergentes para que se pliegue a todas sus condiciones, como, por ejemplo, que permita el debate político sobre el derecho de autodeterminación, Sánchez sudará para obtener su voto.
“Será en las reuniones bilaterales con el Govern donde se abordarán los temas que puedan generar conflicto”, explican fuentes del PSOE. Unas conversaciones donde el presidente del Gobierno se jugará mucho más que la reconciliación con la región y que pueden hacer saltar por los aires la “derogación de la cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que introdujo el PP en 2012 por la que sujeta la aprobación de los presupuestos a las Cortes Generales, al contrario del resto de leyes que sólo deben recibir la ratificación del Congreso”, explica Pacheco i Canals.
No le queda otra al Gobierno que jugar según las reglas de los independentistas hasta, por lo menos, octubre, cuando la reforma debería estar aprobada y dar paso al trámite de las cuentas, para lo que ya sólo necesitará a Podemos. Y aún entonces, de querer levantar un nuevo 155 en Cataluña, deberá Sánchez convencer a sus socios podemitas porque, sin sus votos, no sólo no podrá sacar adelante la nueva senda del déficit, sino que no podrá gobernar hasta 2020.
