A pesar de los grandes titulares de una inyección histórica de 200.000 millones para luchar contra el impacto del coronavirus en la economía, la realidad es que las medidas presentadas por Pedro Sánchez el martes llegan muy tarde (de hecho, los avales a pymes no se sabe cuándo van a llegar), son claramente insuficientes, están llenas de trampas y la propia normativa las desincentiva. Así no se va a solucionar nada y la única esperanza es que la epidemia pase pronto para que el impacto no sea catastrófico.
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Los propios 200.000 millones son una cuenta de la vieja donde se suman peras con manzanas: avales, ayudas y estimaciones de menor recaudación del Estado y de mayores prestaciones por desempleo. Y el caos y la guerra interna en el Gobierno se volvió a hacer patente el martes: estuvo modificando el Decreto hasta altas horas de la madrugada y tuvo que hacer un briefing tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez para aclarar las innumerables inconcreciones y vaguedades que dijo el presidente.
La más grave es la que se refiere a pymes y autónomos. El sentido común dicta que la supresión de las cuotas a la Seguridad Social debería aplicarse a aquellas empresas que traten de seguir abiertas y funcionando, para ayudarlas a conseguirlo rebajando sus costes. Pues no: solo se aplica a las que hagan ERTEs y a los autónomos que cesen en su actividad y se apunten a la nueva prestación (que es exactamente igual a la que ya existía y podían pagar voluntariamente cada mes).
O sea, que se está incentivando a que el grueso del tejido productivo español baje la persiana, eche de forma temporal a los empleados y que empresarios y trabajadores se tumben a la bartola en su casa cobrando del Estado. Algo demencial. No extraña que las asociaciones de autónomos hayan puesto el grito en el cielo. Veremos cuando pase la epidemia cuántos pueden volver a abrir, porque no micho menos van a ser todos.
Por no hablar del incremento del gasto público, que tiene pinta de que va a ser brutal y que tendremos que financiar con deuda por mucho que no compute como déficit para Bruselas (de ahí que la prima de riesgo se disparase hasta máximos desde 2017).
AVALES: ¿CUÁNTO? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO?
Ah, pero les van a dar grandes líneas de liquidez con aval del Estado para mantenerse vivas, podría argumentarse. 100.000 millones, nada menos. Pues resulta que eso está por ver. El Decreto solo dice vaguedades sobre la teórica medida estrella del Gobierno: ni la cantidad que se puede pedir, ni plazos, ni requisitos, ni tipo de interés, ni qué porcentaje garantiza el Estado (se deduce que entre el 50% y el 66%, frente al 80% de Reino Unido).
Todo eso se debe concretar en un nuevo Consejo de Ministros que no está siquiera convocado; ya si eso, otro día. Es incluso posible que sea el ordinario del próximo martes: menuda urgencia para tomar las medidas urgentes. Para entonces, todas las pymes y autónomos habrán tenido que tomar decisiones drásticas sin contar con esa liquidez, con lo que tiene pinta de que al final no va a servir de nada.
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Lo mismo que la moratoria hipotecaria, que exige una lista enorme de documentación casi imposible de obtener durante el confinamiento -como adelanta hoy Bolsamanía-. Y además, para que los bancos no tengan que provisionar los préstamos como morosos, habrá que pasar por el notario... con las notarías cerradas. Todo lo cual hace pensar en que casi nadie va a solicitarla porque, total, solo va a aplazar una cuota (en principio).
PRIORIDAD: GASTAR LO MÍNIMO
Tampoco solucionan mucho los aplazamientos del pago de suministros porque habrá que pagar esas cuotas a posteriori. Desde Bolsamanía pedíamos el martes medidas mucho más contundentes, que no aplacen, sino que condonen. Y no solo la Seguridad Social, también los impuestos. Pero ni rastro de medidas que afecten al IVA, al IRPF o al Impuesto de Sociedades. Prima claramente no perder ingresos del Estado sobre mantener la actividad económica, en especial de la Seguridad Social porque, como seguimos sin tomar ninguna medida, no habría dinero para pagar las pensiones.
Pero si la prioridad son las cuentas públicas, lo que no se entiende es que el Gobierno se haya negado y se siga negando a seguir la recomendación de la OMS que tan buenos resultados ha dado en Corea de hacer pruebas masivas del coronavirus a la población. Ahí están las durísimas críticas de los epidemiólogos a la gestión de la crisis.
Sí, claro, eso suponía un gasto... infinitamente más pequeño que el que van a suponer estas medidas una vez que el Ejecutivo ha sido incapaz de detener la pandemia sin un confinamiento obligatorio. Y visto lo visto, lo único que puede salvar a la economía española de la catástrofe es que se pueda levantar cuanto antes.
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