La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado, a través de un comunicado, insuficientes las propuestas aportadas por el Gobierno con respecto a la Ley de la Vivienda. La organización considera que ninguna de estas propuestas ataca el problema de raíz, aunque celebran que se vuelva a poner sobre la mesa el derecho a una vivienda asequible y digna.
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La Organización ha recalcado que la mejor solución es impulsar un parque de vivienda pública en régimen de alquiler y proporcionar mayor seguridad jurídica a los propietarios para que se animen a alquilar viviendas, lo que mejoraría una oferta de alquileres que cada vez es menor.
No obstante, el anuncio del Gobierno de destinar 50.000 viviendas del Sareb a alquileres sociales se aprecia como positivo desde la OCU, aunque tardío. Además, el número de propiedades se ve insuficiente. En el año 2019, el parque público de vivienda social en alquiler ascendía a unos 290.000 inmuebles, de los que 180.000 eran de las Comunidades Autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes, según datos del Boletín Especial de Vivienda Social publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En la actualidad, estos datos no han variado en exceso, lo que supondría dar cobertura a alrededor de un 1,6% de los españoles, cuando la media europea está en un 9,3%. Es por esta causa, por la que la OCU considera que las administraciones públicas deberían multiplicar este número por cinco, promoviendo su construcción a través de la concesión de suelo público o adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin.
A pesar de que para la Organización la solución debe pasar por crear este parque público para que permanezca a lo largo de los años, también considera útil la concesión de ayudas directas al alquiler para quien lo necesite. De esta forma, podría atajarse el problema de manera más rápida.
Con respecto a la limitación en los precios del alquiler que propone el Gobierno, obligaría a los propietarios a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible, aunque sí podría facilitar que se estabilicen los precios a corto plazo. Sin embargo, a medio plazo puede generar efectos contrarios, ya que la falta de seguridad jurídica mantendrá una oferta reducida, lo que impedirá que los precios lleguen a un punto de equilibrio. Esto podría generar la cronificación en el mercado de la escasez de alquiler, hecho que ya ha ocurrido en décadas pasadas.
Por último, la OCU ha solicitado al Gobierno un debate amplio y previo a la aprobación de la futura Ley de Vivienda, en el que se encuentren todos los agentes afectados, desde las organizaciones sociales, hasta las de consumidores y las de propietarios.
