Moody's ha calculado el impacto que podría tener sobre la banca el pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre si las entidades han de asumir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados del próximo 5 de noviembre en tres escenarios diferentes. La agencia establece como marco de referencia y de alta probabilidad el pago de este gravamen por parte de los prestamistas solamente a partir de los nuevos contratos hipotecarios, sin ningún grado de retroactividad.
La firma calcula que, bajo este escenario, las entidades financieras asumirán un coste de 640 millones de euros anuales, aunque con un impacto "limitado" sobre la rentabilidad, ya que estos tienen un amplio abanico de opciones para finalmente repercutir esta efecto extraordinario sobre el cliente.
El mayor problema para los bancos, según Moody's, es la posibilidad de que el Supremo decida que la sentencia tenga carácter retroactivo. De este modo, en caso de que el grado de retroactividad se establezca en cuatro años, que es el periodo para el cual los impuestos no pagados pueden reclamarse en España, podría tener un impacto de unos 2.300 millones de euros, a lo que se ha de sumar el coste anual de los nuevos contratos hipotecarios del escenario base. No obstante, aunque resulta en un importe "material", la agencia crediticia considera que es "manejable".
Según establece Moody's, los clientes solicitarían el reembolso del AJD a Hacienda, la cual ha recibido durante estos años estos ingresos, que a su vez solicitaría el pago a las entidades, si bien no está claro si la autoridad fiscal tiene el derecho de exigir tales pagos debido a que el sector ha cumplido con la regulación aplicable hasta ahora.
El peor de los escenarios que contempla Moody's en su análisis, aunque de baja probabilidad, sería el que establece un grado de retroactividad mucho más amplio. En este caso, el pasivo potencial a asumir por los bancos crecería "ligeramente" durante los primeros años de retroactividad adicional, dada la baja creación de nuevas hipotecas durante el periodo 2011 a 2013, pero aumentaría considerablemente si se amplía a años anteriores a 2010.
En suma, en caso de un fallo negativo por parte del Supremo, Moody's espera que todos los bancos se vean afectados, pero las consecuencias podrían variar significativamente, especialmente para los bancos regionales, ya que el AJD se transfiere a las comunidades autónomas y cada uno de ellas establece una tasa impositiva diferente, que salvo excepciones, oscila entre el 1,5% en Andalucía o Aragón y el 0,5% en Navarra y en el País Vasco.
