- No obstante, la nueva normativa no entrará en vigor hasta el mes de abril
- El cálculo del pago a proveedores actual 'regala' 30 días a las administraciones
Cristóbal Montoro ha cumplido su propósito de año nuevo. El ministro de Hacienda tenía en su lista varias tareas, y ya puede tachar una de ellas: la referente a la necesidad de cumplir con Bruselas y ajustar a la legislación europea el cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas. Aunque no lo hará de inmediato. El cambio normativo que se aprobó a finales de diciembre no entrará en vigor hasta el próximo mes de abril, por lo que se seguirán 'maquillando' las estadísticas de morosidad al menos cuatro meses más.
La normativa de la Unión Europea obliga a las administraciones públicas a abonar las facturas en un máximo de 30 días
La polémica lleva tiempo acechando al responsable de Hacienda, sobre todo porque el cálculo que se está haciendo, y que se mantendrá hasta abril, 'regala' un mes a las administraciones públicas. El truco reside en que Hacienda empieza a contar el periodo de pago un mes después de la recepción de la factura, con lo que automáticamente las administraciones cuentan con 30 días más de plazo para abonar los pagos.
El asunto ya había despertado las reticencias de Bruselas, que había dado un toque de atención a España ante el incumplimiento de la legislación europea. La normativa comunitaria, de 2011, obliga a las administraciones públicas a abonar las facturas en un máximo de 30 días, un plazo que sólo puede prorrogarse hasta los 60 días en casos excepcionales. Además, permite que, en caso de pago fuera de tiempo, las pymes y autónomos puedan reclamar intereses de demora, e incluso un mínimo de 40 euros de compensación por cada factura impagada.
Sin embargo, en España el Plan de Pago a Proveedores permitía alargar un mes el periodo de pago y, con ello, se 'maquillaban' las estadísticas de morosidad de las administraciones públicas. Sin embargo, el aviso de la Comisión Europea ha surtido efecto, y por fin el Ejecutivo ha llevado a cabo las modificaciones pertinentes para cumplir con Europa.
El pasado 22 de diciembre, en el penúltimo Consejo de Ministros del año, y casi sin publicidad por la resaca electoral de la cita en las urnas celebrada un día antes en Cataluña, el Gobierno aprobaba la modificación del Real Decreto que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores (PMP) de las administraciones públicas. Según la referencia publicada por Moncloa, la nueva metodología permite “reforzar el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad” y, a la vez, alinearse con la directiva comunitaria que dice que el cómputo de los plazos se inicia “desde la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados”. Es decir, desde el momento en que la administración da el visto bueno a la factura presentada por el proveedor tras prestar un determinado servicio.
Asimismo, el Ejecutivo dejaba claro en la mencionada nota que esta modificación no supone ningún cambio en el plazo máximo de pago a proveedores, que sigue siendo de 30 días, sino que sólo cambia la metodología del cálculo. También anunciaba que las modificaciones entrarán en vigor “a partir del mes de abril de 2018”.
AYUDARÁ A REDUCIR LA MOROSIDAD
Los cambios aprobados por el Ejecutivo no sólo los reclamaba Bruselas, sino también organizaciones como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que ha interpuesto diversas denuncias y reclamaciones. Ahora, tras la modificación a la que ha dado luz verde el Gobierno, esta plataforma asegura que ayudará a “ordenar los pagos y la información” y además permitirá “reducir la morosidad” de las administraciones públicas.
Es, según la PMcM, una “acertada rectificación”. Antoni Cañete, el presidente de esta plataforma, asegura que “aunque tardía, no deja de ser un paso más para ordenar los pagos y la información de carácter públicos”. Asimismo, recuerda que ahora el plazo empezará a contar desde que se aprueba/valida la factura, por lo que los cobros se agilizarán, teniendo en cuenta que “en el ámbito público la facturación es electrónica y se puede formalizar en el momento de la entrega de mercancía y/o prestación del servicio”.
En el ámbito público la facturación es electrónica y se puede formalizar en el momento de la entrega de mercancía y/o prestación del servicio
Cañete también avisa, en una nota remitida por la plataforma, ante la posibilidad de que las administraciones públicas decidan “no validar de forma inmediata la prestación de bienes o servicios” para que el plazo no eche a andar, asegurando que velará para que “no se utilice ningún truco para modificar el periodo medio de pago a proveedores”. Anima a denunciar posibles abusos en este sentido y sentencia que este paso ayuda a mejorar en “transparencia” en un asunto “tan trascendente para nuestra economía y competitividad, donde la administración ha de ser el ejemplo a seguir”.
Según los últimos datos facilitados por Hacienda, en octubre el periodo medio de pago a proveedores (PMP) se situó en 21,98 días para el conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone una disminución de 5,58 días con respecto al mes anterior, un 20,25%. La cota se mantiene así, por undécimo mes consecutivo, por debajo de los 30 días, eso sí, con el cálculo 'trucado' que realiza el Ministerio.
Por su parate, los gobiernos municipales registraron un periodo medio de pago de 66,62 días en octubre, disminuyendo frente a los incrementos de meses anteriores. En concreto, frente a septiembre la reducción es de casi cinco días. Este dato supera con creces el máximo fijado por ley, aunque Hacienda explicó que de las 149 entidades que han presentado información, 100 cumplen con el PMP en octubre, lo que quiere decir que el 68,5% presenta en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.
