Montoro cede 1.300 millones de euros con el cupo vasco para 'comprar' el apoyo del PNV

El Parlamento ha votado y aprobado por 292 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones el acuerdo al que llegaron en mayo el PP y el PNV para la actualización del cupo vasco. Una ‘rara avis’ en el entramado autonómico que se debe al régimen foral de País Vasco, que como Navarra tiene cedidas más competencias y realiza su propia recaudación de impuestos. El cupo vasco y la aportación navarra se fijan cada cinco años para compensar al Estado por los servicios que sigue prestando en estas comunidades, como ejército, política nacional y guardia civil, política exterior o infraestructuras.

Según el Concierto con el País Vasco, el cupo debe negociarse por quinquenios. Sin embargo, para el periodo de 2012 a 2016 no hubo acuerdo, con lo que se mantuvo el año base estimado en 2007 para el quinquenio 2007-2011. Estos pactos estiman una cifra para el año base y a partir de ella se revaloriza durante los cuatro ejercicios siguientes con un índice calculado según la recaudación del Estado en los tributos convenidos o concertados en el acuerdo.

El montante acordado por los ejecutivos de Mariano Rajoy y de Íñigo Urkullu es de 1.300 millones de euros para 2017 como año base para el quinquenio que se prolongará hasta 2021. Aunque a esta cifra se le aplicará un descuento de 344 millones de euros por la transferencia de las políticas activas de empleo que el Gobierno regional gestiona desde 2011. Es decir, quedará en 956 millones de euros.

No obstante, la referencia será la de 1.300 millones, lo que supone un descenso de 265 millones respecto a 2007, cuando se situó en 1.565 millones. Dado que la cifra se suele actualizar anualmente de forma moderada, habrá un ahorro para la Hacienda vasca de más de 1.300 millones de euros en el quinquenio que empieza este año. Para realizar estos cálculos, los equipos económicos de ambos ejecutivos estiman las cargas primarias no asumidas, corregidas por el déficit público y otras correcciones, un ejercicio que ha simulado el investigador Ángel de la Fuente, director de Fedea.

UN CÁLCULO OPACO

De la Fuente estima una carga de 2.275 millones de euros en 2007 que se dispara hasta los 4.122 millones una década después. “Esta revisión al alza de la valoración de las competencias no asumidas, aunque todavía insuficiente, ha de valorarse positivamente como un paso en la dirección correcta, pues ayuda a acercar la base del cupo al coste real de los servicios comunes que el Estado continúa prestando en y para todo el país”, sostiene el experto.

De la Fuente (Fedea): "La revisión al alza de la valoración de las competencias no asumidas ha de valorarse positivamente como un paso en la dirección correcta, pues ayuda a acercar la base del cupo al coste real de los servicios

De hecho, este cambio habría supuesto un encarecimiento del cupo en 1.800 millones de euros. Sin embargo, el cupo se ajusta al alza cuando hay superávit fiscal primario -sin tener en cuenta el servicio de la deuda pública- y a la baja cuando hay déficit primario, debido a la mayor o menor recaudación esperada en el futuro que afectará a la presión fiscal de los ciudadanos.

El año 2007 fue un ejercicio de superávit fiscal primario en torno a 8.400 millones de euros, frente al déficit primario de 20.000 millones de 2017. Así, para el cupo se sumaron entonces 526 millones y ahora se restan 1.285 millones. Aunque también hay otras correcciones elevadas para llegar al dato final, prueba de la poca claridad que suelen criticar los expertos en el cálculo de esta relación fiscal entre España y País Vasco.

“Resulta muy difícil evitar la conclusión de que el importe del cupo es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las cargas no asumidas de la forma que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada”, resume Ángel de la Fuente en un informe publicado por Fedea. “Algo similar sucede con el ajuste a consumo del IVA, que en la práctica poco o nada tiene que ver con la distribución real del consumo y la producción entre País Vasco y el resto de España”, agrega.

La cuestión del IVA es muy relevante, ya que la recaudación del impuesto cuando se trata de importaciones desde países fuera de la Eurozona es responsabilidad exclusiva del Estado, que debe transferir a las haciendas forales de País Vasco y Navarra la parte de los ingresos que corresponde al consumo en sus regiones. Por otro lado, cuando se trata de operaciones internas en España quien recauda el tributo no siempre es quien lo soporta. De hecho, lo recaban las empresas pero lo paga el consumidor, con lo que es necesario un ajuste cuando la operación involucra a dos comunidades -por ejemplo, un producto vasco importado en Aragón-.

Pero este ajuste necesario no tiene en cuenta la realidad económica de las operaciones. Como el resto de la estimación de esta transferencia desde País Vasco hacia el resto del Estado como consecuencia de las competencias no cedidas, hay una forma de proceder que “se ha repetido en numerosos pactos de la misma naturaleza entre los sucesivos partidos nacionales de gobierno y distintas fuerzas nacionalistas y regionalistas”, denuncia De la Fuente, que pide “buscar un amplio pacto para mejorar y coordinar los dos sistemas que existen en nuestro país, el foral y el régimen común, blindando su diseño frente a consideraciones de corto y medio plazo”, agrega.

La negociación de un cupo tan favorable para País Vasco se produce gracias a la importancia política que ha cobrado el PNV en clave nacional ante la minoría parlamentaria del PP. Con el PSOE y Unidos Podemos fuera de un posible acuerdo para aprobar los presupuestos, los nacionalistas vascos fueron necesarios para sacar adelante los de 2017 y lo serán para los de 2018 si finalmente el Gobierno los presenta a principios del próximo año, como promete el ministro Cristóbal Montoro.

El apoyo del PNV parecía blindado hasta que se echó atrás con la crisis política catalana de septiembre y octubre. De hecho, la Constitución especifica que el proyecto de los presupuestos debe presentarse antes del 30 de septiembre en el Congreso, algo que no ha hecho por segundo año consecutivo el Ejecutivo -en 2016, por el calendario electoral-. Para ello, el Gobierno aceptó un acuerdo que rebaja el cupo, un pago de 1.400 millones de euros para ajustar este concepto en el quinquenio anterior, además del compromiso de más inversiones en la región.

Esta vez, el cupo ha sido aprobado con una amplia mayoría, pero ha sido inferior a la de ocasiones anteriores, ante el rechazo de Ciudadanos, que siempre ha sido crítico con el régimen foral y la forma de calcular estas compensaciones, y de Compromís. Esto es, un 10% de la Cámara baja ha votado en contra. En el caso de los 4 diputados del partido valenciano, la crítica se centra en “la rapidez” con la que ha trabajado Montoro en este asunto, según su portavoz, Joan Baldoví, y la lentitud para impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica al que se comprometió el Gobierno. La Comunidad Valenciana, junto con Madrid y Cataluña, es la que más mejora en el informe elaborado por el ‘comité de sabios’ que está en manos de los ministros Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría y que Moncloa debe negociar con las comunidades autónomas.