La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado este martes ciertas reticencias a la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de subir 10 puntos la tasa del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas energéticas con el objetivo de elevar la recaudación en entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
Montero, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha asegurado que comparte el objetivo de que las eléctricas contribuyan en mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios "desorbitados", pero ha subrayado que las figuras tributarias tienen que tener un rendimiento "real" y, "a veces", el Impuesto sobre Sociedades no es el que aporta un mayor rendimiento.
"Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte (...) Estamos trabajando en el vehículo que permita que las eléctricas aporten más. Es más importante el qué queremos que la forma, y los técnicos son los que tienen que decir de qué manera podemos hacerlo mejor", ha precisado Montero.
En todo caso, la titular de Hacienda cree que lo que finalmente se haga debe aplicarse "a principios de un ejercicio fiscal" y ha indicado que de la elección del vehículo para elevar la fiscalidad de las eléctricas dependerá también la forma legal en que se apruebe.
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"La fiscalidad no siempre se puede regular a través de decretos leyes, tampoco a través de los proyectos de Presupuestos. Dependiendo del camino final que elijamos podremos utilizar o no ese vehículo. Lo más importante es que sea lo más rápido posible y que se pueda aplicar al inicio de un ejercicio fiscal, que es lo más ordenado", ha señalado Montero, que ha insistido en que Hacienda está trabajando en este asunto de manera "intensa".
Sobre el resto de propuestas realizadas por Díaz, la ministra ha señalado que, "estando de acuerdo en lo fundamental", que es proteger a las personas más vulnerables de la escalada de la inflación, debe hacerse a través de medidas "rápidas y eficaces", que lleguen "en tiempo y forma", y que no dejen de lado a la clase media, a la que también "hay que proteger".
Así, ha subrayado que, aunque existen diferentes fórmulas para conseguir estos objetivos en la prórroga del decreto anticrisis que el Gobierno tiene previsto aprobar antes del 30 de junio, "es importante hacerlo bien y en consenso con los demás socios parlamentarios", que son, a la postre, los que deben apoyar la norma para que ésta salga adelante. "Ayer algunos ya mostraron sus preferencias", ha apuntado Montero.
"ACOMPAÑAR A LA CLASE MEDIA TAMBIÉN ES IMPRESCINDIBLE"
En relación a si se modificará en esta prórroga de las medidas anticrisis la bonificación de 20 céntimos al combustible para concentrarla en las rentas más bajas y no en toda la población, Montero ha dejado claro que aunque es necesario reforzar los sistemas de protección de las personas más vulnerables, también "es imprescindible acompañar a la clase media y a la clase trabajadora".
"Intentar que una medida tenga alcance general no significa que posteriormente no haya progresividad en el pago de impuestos. El decreto ley tiene que contemplar medidas especiales para personas vulnerables, pero también medidas generales para el conjunto de la población, especialmente para las clases medias", ha defendido.
Sobre el cheque de 300 euros propuesto por la vicepresidenta Yolanda Díaz para ayudas a las familias más vulnerables a combatir el impacto de los altos precios, Montero ha insistido en que "lo fundamental es el qué y no el cómo".
En todo caso, ha hecho hincapié en que la forma "más rápida, más sencilla y menos burocrática" de ayudar a las personas más vulnerables es a través de los instrumentos habituales. "Tenemos que estudiar las distintas cuestiones que tenemos sobre la mesa y elegir la que permita cumplir con el objetivo: que los más vulnerables tengan mayor capacidad de protegerse frente al incremento de la inflación", ha añadido.
Montero ha recordado que el Gobierno lleva trabajando varias semanas en cómo ajustar las medidas anticrisis a las circunstancias actuales y ha querido ser "prudente" respecto a su contenido, que se conocerá en apenas unos días. También ha apelado a que los debates sobre estas medidas se produzcan "en el interior" del Gobierno.
