La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el Gobierno está "expectante" por el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y por primera vez ha cifrado el impacto que podría tener la medida en las Comunidades Autónomas si se confirma el fallo y se impone una retroactividad de cuatro años. En ese caso los afectados podrían reclamar hasta 5.000 millones de euros.
Así lo ha señalado en su intervención en el Foro Cinco Días, después de que el Tribunal Supremo aplazase a este martes su pronunciamiento sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario. La discusión de los 28 miembros del pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo se prolongó el lunes durante unas ocho horas sin que se alcanzara un acuerdo.
El Gobierno prepara un plan si la sentencia es favorable a los compradores de vivienda para que se coordinen las actuaciones con CCAA y entidades financieras
"Estamos todos expectantes para escuchar la deliberación de la sala del Supremo, de la declaración que se formule oficialmente", ha dicho Montero, quien ha revelado que, "evidentemente", el Gobierno tiene estudiados los diferentes escenarios", ha asegurado según recoge Europa Press.
La titular de Hacienda ha indicado que el Gobierno trasladará las medidas que correspondan cuando toque, pero primero debe pronunciarse el Supremo, que es "a quien le corresponde". Aunque durante su intervención la ministra ha subrayado que el Ejecutivo tiene preparado un "plan" en caso de que la sentencia sea favorable a los compradores de vivienda, de manera que se coordinen las actuaciones con comunidades autónomas y entidades financieras.
Este plan, ha dicho Montero según recoge Efe, también contempla el potencial impacto de que estas devoluciones, aunque sean temporales, afecten al déficit público, es decir, que coincida con la reclamación a las entidades financieras para que el déficit no lo tengan que soportar las cuentas públicas. "Si eso ocurriera", ha advertido, supondría un incremento de cuatro o cinco décimas en el objetivo de déficit, lo que "pondría en riesgo la salida del procedimiento del déficit excesivo" en el que España lleva inmersa desde 2009 y del que se prevé que salga este año al situar su déficit por debajo del 3% del PIB.
En todo caso, la titular de Hacienda ha indicado que si se produjese dicho impacto, el Gobierno hablaría con Bruselas para que tenga en cuenta que esa desviación de cuatro o cinco décimas en el déficit no obedece al Estado sino a esta circunstancia sobrevenida. Aunque el Gobierno confía en que en el fallo se refleje con nitidez el pronunciamiento para acometer las actuaciones que correspondan.
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