La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que el acuerdo con Unidas Podemos sobre el proyecto de Presupuestos de 2021 está "prácticamente ultimado" y mantiene la intención de aprobarlo en octubre, aunque queda pendiente "algún fleco", como el referido a la regulación del precio del alquiler que demanda Unidas Podemos, pero que no figurará en los PGE, según ha dado a entender la ministra.
No obstante, Montero ha indicado que las cuentas del próximo año sí incluirán partidas presupuestarias para ejecutar la nueva Ley de Vivienda que ultima el Ejecutivo, y a la que remite el Gobierno para incluir la limitación del precio de los alquileres, un compromiso del acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
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Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por las posibles discrepancias con Unidas Podemos para terminar de cerrar la negociación de los Presupuestos, después de que la formación de Pablo Iglesias haya avisado de que pelearía por incluir la regulación del precio de los alquileres, así como un aumento fiscal para rentas altas a través del IRPF y de que, de no resolverse, podría retrasarse el borrador.
"No hablaría de escollos en la negociación presupuestaria", ha dicho Montero, quien ha destacado el "altísimo grado de consenso" del PSOE y Unidas Podemos desde el "principio" de la negociación presupuestaria, por lo que ha querido lanzar un mensaje de "absoluta tranquilidad" porque el acuerdo está ya "prácticamente ultimado", a falta de "algún fleco pendiente" a concretar en esta semana "decisiva" de diálogo "intenso" con el conjunto de formaciones políticas que han manifestado disposición al diálogo.
Montero ha explicado que esta semana va a ser "decisiva" y "crucial" para que el "vital" proyecto de Presupuestos vea la luz lo "antes posible", manteniendo la intención de aprobarlo este mes en el Consejo de Ministros, para que vea la luz a principios de enero.
Ante las peticiones de Unidas Podemos, especialmente en lo referido a la regulación del precio de los alquileres de vivienda, Montero ha aclarado que "no es una materia específica del debate de PGE", y se ha remitido a las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respecto a que se está trabajando en la nueva Ley de Vivienda, que incluirá una batería de medidas, entre las que podría figurar la regulación de los alquileres.
En este sentido, Montero ha subrayado que las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos respecto a las medidas sobre alquiler vienen más por el lado de los "tiempos" que por el "contenido" en sí, y ha destacado que en el contenido de la nueva ley hay "bastantes similitudes y semejanzas" respecto a lo consensuado en el acuerdo programático del Gobierno.
De esta forma, ha indicado que siempre que se presenta un proyecto de PGE es una "oportunidad" para revisar todas las políticas que el Gobierno va a impulsar a lo largo del año y se trata de la ley "más importante" en la que se podrán "cristalizar" elementos para avanzar en determinada cuestiones, como la política de vivienda.
Así las cosas, ha detallado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está trabajando en la nueva Ley de Vivienda, que espera que pueda ver la luz "a la mayor brevedad posible", pero ha precisado que es algo que dependerá de los trabajos técnicos, por lo que "podrán coincidir o no con el debate presupuestario".
De cualquier forma, ha avanzado que el proyecto de PGE contemplará partidas específicas para hacer posible la ejecución de la nueva Ley de Vivienda, ya que "anticipatoriamente" ha habido una previsión del Ministerio de Vivienda para que se contemplen partidas presupuestarias que permitan acometer las primeras acciones que se emprenderían con motivo de la aplicación de la nueva ley.
"Lo importante es tener el contexto y el cuerpo global del proyecto de PGE, ninguna medida aislada se puede comparar ni medir si no sabemos el conjunto de las que compone el programa, hay diferentes posibilidades en este momento estamos trabajando", ha añadido.
En materia fiscal ha asegurado que está prácticamente cerrado y aunque ha eludido referirse a la parte de la negociación referida a la subida del IRPF a las rentas altas, para lo que Podemos pide que se suba a aquellas superiores a los 200.000 euros, se ha limitado a reconocer que queda "algún fleco pendiente" respecto a "algún dintel" a tratar estos últimos días de negociación, así como a mostrar su "satisfacción" por las conversaciones con Podemos y el "altísimo grado de consenso", aunque hasta "última hora" hay elementos a tratar por parte de las diferentes posiciones.
SUBIRÁ EL IPREM
En el ámbito social, se ha referido a otro de los puntos pendientes en la negociación, el relativo al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), indicador que marca la referencia para la concesión de ayudas a familias más desfavorecidas, y que este año "va a subir" de nuevo, según ha confirmado Montero, aunque se trabaja en el porcentaje de dicho incremento.
Igualmente, ha recordado que el Consejo de Ministros ha adoptado recientemente medidas para agilizar la concesión del ingreso mínimo vital simplificando trámites, lo que ha permitido que 136.000 hogares lo hayan percibido (400.000 personas), y ha dicho que se seguirá trabajando para que llegue a todos los posibles beneficiarios.
La portavoz del Gobierno se ha mostrado "convencida" de que se va a alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de PGE "muy importante" con el resto de fuerzas del Congreso para que ven la luz a comienzo de 2021, al ser "imprescindibles" para combatir la situación sanitaria, impulsar el crecimiento y dar mayores oportunidades de empleo, especialmente a los jóvenes.
Por otra parte, ha aclarado que la eliminación de la exención del IVA a bebidas azucaradas y edulcoradas prevista en el proyecto presupuestario para 2021, con el consiguiente alza del IVA del 10% al 21%, no supondrá "ningún tipo de variación" en lo referido a la restauración, por lo que se mantendrá el precio para los empresarios y el público.
Por último, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la revisión del establecimiento del precio de referencia de las mascarillas para fijar un precio "accesible", vía IVA, a la espera de que la Comisión Europea aclare si se aprueba un "paréntesis" en la prohibición de la bajada de este impuesto a los Estado miembros, o por la revisión de precios, tal y como hizo al principio de la pandemia, cuando fijó un precio máximo de 96 céntimos en paralelo a la exención de las quirúrgicas en los hospitales.
