Casi una veintena de instituciones públicas y privadas han suscrito un convenio marco para potenciar y mejorar la prevención contra actividades financieras potencialmente fraudulentas. El Plan de Acción contra el Fraude Financiero, impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha sido firmado también por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño.
En concreto, son 19 las instituciones públicas y entidades privadas que han firmado el protocolo general del plan, que tiene como objetivo potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado.
Al Ministerio de Asuntos Económicos y la CNMV se suman la Fiscalía General del Estado, el Banco de España, la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, SEBPLAC, la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), INVERCO, la Asociación Medios de Información (AMI), la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), Autocontrol, el Colegio de Registradores y el Colegio General del Notariado.
Según explica la CNMV, con este acuerdo se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas.
Las acciones que se desarrollarán a partir de ahora persiguen incrementar la seguridad de los inversores, anticipar la detección de episodios de fraude, dificultar su propagación y reducir los efectos perniciosos de estas actividades para ofrecer una mayor confianza a los ciudadanos.
Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros.
En el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades se coordinarán para cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero y limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en buscadores, redes sociales, medios de comunicación y difusión, etc., así como la difusión de sus actividades en los canales citados.
También para establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude, crear canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo, establecer mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales y realizar campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas.
Además, tendrán la labor de desarrollar mecanismos de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas y fomentar la educación financiera necesaria para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos para detectar productos y servicios financieros sospechosos, mediante la información y la educación financiera, la comunicación pública y mediante mecanismos de verificación más sofisticados.
Al Plan podrán adherirse en el futuro otras entidades, públicas y privadas. Las entidades también podrán suscribir convenios de colaboración para temas específicos.