Un futuro incierto, casi más que ahora. Eso es lo que le espera al comercio con el plan de desescalada previsto por el Gobierno, a no ser que el gabinete de Pedro Sánchez tome medidas para dar más seguridad de cara a la reapertura tras el confinamiento. Así lo afirman los empresarios, que han dejado claro que mantener los negocios y las plantillas abiertos a medio gas no compensa y es inasumible. Por eso, muchos dicen que mantendrán la persiana bajada hasta que se llegue a la 'nueva normalidad', a no ser que el Ejecutivo tome más medidas que acaben con la incertidumbre.
Por ahora no se sabe mucho, y hay más preguntas que respuestas sobre cómo será la desescalada y cómo afectará a los comercios y servicios, más allá de los supuestos de apertura anunciados este martes por el presidente del Gobierno. Se espera que Moncloa lo aclare antes del 11 de mayo, cuando, si todo va bien, se entrará en la 'fase 1' que permite ya abrir por ejemplo las terrazas de bares y restaurantes al 30% de su capacidad. Pero de momento no hay nada claro. Y eso que algunas islas de Canarias y Baleares adelantarán esa fase al día 4 de mayo.
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"La desescalada aún está sin regular, no se sabe con certeza a qué sectores afectará, qué medidas económicas van a acompañarla... La prestación de los autónomos, ¿sigue o no? ¿Será obligatorio abrir, o se podrá esperar? ¿Seguirán o no los ERTE, y de qué forma?", se preguntan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), dejando claro que hay una gran incertidumbre sobre el proceso.
El mayor problema que encuentra el empresariado está en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El Gobierno puso facilidades para los de fuerza mayor, con exenciones en las cotizaciones y otras ventajas con las que no cuentan figuras como los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero también los de fuerza mayor, a los que se han acogido más de medio millón de empresas, llevan asociada una condición que no afecta a los otros: no se podrá despedir en los seis meses siguientes al fin del mismo. Y eso es lo que empresarios y autónomos temen con la desescalada planteada por el Gobierno.
El Consejo General de Economistas (CGE) ya ha pedido al Ejecutivo que se flexibilicen las condiciones exigidas para los ERTE de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes, para que las empresas puedan despedir si lo necesitan antes de que cumpla ese plazo o, de lo contrario, no se podrán "reflotar". Otros, sin embargo, han optado por pedir a Sánchez que haya una "desescalada" en los ERTE de fuerza mayor, que se amplíen, para evitar la quiebra de las empresas.
Ha sido el caso del consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que ha solicitado al Gobierno "una mayor flexibilización de los ERTE" para permitir a las empresas que vayan retomando la actividad poco a poco sin tener que asumir todos los gastos de plantilla de golpe y así "preservar el tejido empresarial". También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido en la necesidad de mantener los ERTE una vez pase el estado de alarma para evitar un aumento de las listas del paro. Si no es así, muchos pequeños negocios no levantarán la persiana cuando el plan de desescalada se lo permita porque no les resultará rentable.
La patronal de hostelería ya ha avisado que un 30% de los establecimientos, unos 85.000, no podrán abrir. José Luis Yzual, presidente de Hosteleros de España, ha mostrado su "indignación" porque no se sabe si habrá o no flexibilización en los ERTE o si el Gobierno derogará el mantenimiento de empleo durante seis meses, condición que a su juicio será "imposible" de mantener. Piden, por eso, que la desescalada vaya acompañada de medidas laborales, fiscales y sanitarias que acompañen en cada fase de la vuelta a la 'nueva normalidad'.
El Gobierno aún no ha dado demasiadas pistas al respecto. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntó hace unos días la posibilidad de extender los ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma, y el propio presidente reconoció este martes que es una posibilidad que se está valorando en algunos casos y sectores, sin ofrecer más detalles. Aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunió este miércoles con patronal y sindicatos para avanzar en la adaptación de los ERTE por fuerza mayor a la "nueva realidad" económica, una vez puesto sobre la mesa el plan de desescalada.
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MIENTRAS DURE EL ESTADO DE ALARMA
Precisamente, la reclamación que hacen los empresarios es que los ERTE por fuerza mayor se mantengan más allá del verano y que se deje a las compañías ir incorporando a la plantilla a medida que suba la actividad. Así lo ha indicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Actualmente, tal y como recogen los decretos aprobados por el Gobierno, los expedientes de regulación temporal de empleo se sostendrán el tiempo que dure el estado de alarma, incluyendo sus ampliaciones. Sánchez ya ha anunciado su intención de pedir, al menos, una nueva prórroga de quince días, a partir del 10 de mayo (sin aclarar si solicitará más hasta finales de junio), por lo que hasta ese momento se mantendrán las condiciones: los trabajadores afectados recibirán una prestación de desempleo sin perder derechos adquiridos y las empresas no tendrán que abonar ni los salarios ni la cuota de la Seguridad Social.
"Si el estado de alarma se prorroga hasta el final de la desescalada, los ERTE de fuerza mayor se deberían mantener", explica Sergio Herrero, abogado de Legálitas, que dice que este tipo de expedientes tienen ventajas y bonificaciones que los empresarios quieren mantener más tiempo, teniendo en cuenta que hasta finales de junio "habrá actividad pero con muchas restricciones". Habrá que ver lo que decide el Gobierno.
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