Theresa May continúa en su cruzada personal por contentar a todos con un acuerdo del Brexit que fructifique en un divorcio sin sobresaltos para Reino Unido y la Unión Europea (UE). Sin embargo, la primera ministra no parece que vaya a contentar los deseos de la banca de obtener un pasaporte para operar en terreno común. Las entidades perderán todos los privilegios de los que hasta ahora gozaban y deberán atenderse a las mismas normas de convergencia que el resto de compañías foráneas.
El plan de la líder 'tory' continúa pasando por una salida 'suave' que no dañe la expansión económica de las islas. Una postura menos tajante que ha catapultado fuera del Gobierno a miembros conservadores y contrarios a este planteamiento como el ministro del Exteriores, Boris Johnson, y el ministro para el Brexit, David Davis.
May ha recogido sus peticiones en lo que ya se conoce como el 'Libro Blanco', donde también figuran los deseos que el Gobierno británico plantea obtener en materia bancaria. El Reino Unido aspira a acuerdos "negociados de forma bilateral conforme a un proceso consultivo y de diálogo". Una propuesta que choca con la relación que la Unión Europea mantiene con sus socios extranjeros sobre el sector financiero.
En concreto, las entidades de una jurisdicción pueden ofrecer sus servicios financieros siempre y cuando los estándares legislativos sean tan parecidos que los consumidores mantengan un elevado nivel de seguridad en sus decisiones de inversión. Un principio conocido como 'convergencia' y por el que, en principio, la 'city' londinense podría operar en la UE sin tener por qué aceptar cada una de las normas del bloque europeo.
Sin embargo, y aquí se encuentra el gran problema, este tipo de acuerdos pueden romperse unilateralmente por parte de la Unión Europea en un proceso que apenas dura treinta días, según establece la legislación común. Un escenario altamente arriesgado para un sector que asciende al 10% del PIB británico y que emplea a unos 2,3 millones de trabajadores en las islas.
El Gobierno británico quiere que ambos bandos reconozcan mutuamente sus normas, algo que la Comisión Europea ya ha rechazado. "Si el sistema de convergencia ha servido para la industria de Estados Unidos, ¿por qué no valdría para Londres?", afirmó el negociador europeo, Michel Barnier hace semanas.
Por ello, la solución para May y su partido pasa ahora por obtener un compromiso de que ambos bloques traten de mantener una regulación similar y, en caso de prever una modificación, que esta sea notificada con el tiempo suficiente para que el afectado pueda decidir si avanza hacia una legislación equivalente o desestima tal cambio.
Todavía es una incógnita la respuesta de la UE a esta última propuesta. No obstante, la situación de las negociaciones generales lleva enquistada en torno a la Unión Aduanera desde marzo y son varias las entidades que han comenzado a abandonar el territorio para establecerse fuera del Reino Unido.
