Los pensionistas perderán en cuatro meses de 2017 todo el poder adquisitivo ganado desde 2014

Desde hace tiempo el sistema público de reparto que impera en España se enfrenta a dos desafíos. Uno es de corto plazo, y hace referencia al déficit que la Seguridad Social sufre desde hace años, y que en 2016 fue del 1,7% del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Esto se ha traducido en el vaciamiento del Fondo de Reserva, que en apenas cuatro años ha pasado desde los 60.000 millones hasta los 15.195 millones con los que acabó diciembre.

El segundo problema es de adecuación. Inicialmente de largo plazo, aunque el repentino regreso con fuerza de la inflación puede adelantar los plazos. Y es que la reforma de 2013 desvinculó la actualización de las pensiones del IPC, al introducir elementos como el índice de revalorización y el de sostenibilidad. Hasta ahora la situación era de riesgo para el futuro, pero incluso de ganancias de poder adquisitivo a corto plazo.

Lo último fue lo que defendió Báñez en su comparecencia de este miércoles en el Congreso. El problema es que ese efecto positivo tardará menos de tres meses en disiparse por el retorno de la inflación. La pensión pública ha aumentado más que los precios hasta octubre. Desde ese momento, la situación se ha revertido. “Seguir con el sistema actual sin cambios implica que los trabajadores desconfíen de su jubilación y los jubilados sufran una disminución de las pensiones”, lamenta Javier Díaz Giménez, profesor del IESE e investigador en pensiones. “Los miembros del Pacto de Toledo son unos prevaricadores que deben dejar el debate actual para empezar a trabajar en la modernización del sistema”, añade.

Seguir con el sistema actual sin cambios implica que los trabajadores desconfíen de su jubilación y los jubilados sufran una disminución de las pensiones

El comentario de la ministra se produjo antes de la polémica entre Celia Villalobos, presidenta de la Comisión, y Pablo Iglesias, líder de Podemos, y también previamente a que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, apuntara a retrasos adicionales en la edad de jubilación para garantizar las pensiones.

La titular de Empleo y la Seguridad Social cifró en 1.905 millones de euros el aumento del poder adquisitivo entre 2014 y 2016, en un periodo de, prácticamente, ausencia de inflación. En estos tres años, la pensión pública se ha revalorizado un 0,25% por decreto del Gobierno, que es además el mínimo que marca la ley que elaboró hace cuatro años. Esto implica que una pensión de 1.000 euros al terminar 2013 se ha incrementado hasta los 1.010 euros. La cifra no es sólo un número al alzar para facilitar el cálculo, sino que se sitúa entre la media del sistema de 913 euros y el promedio de la pensión de jubilación, en 1.055 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social.

En este mismo periodo de tres años, la tasa anual de IPC ha estado entre el mínimo del -1,3% en enero de 2015 y el máximo de diciembre de 2016 en el 1,6%. La media en estos tres años ha sido del -0,28% en la tasa interanual del indicador de inflación. Así, los pensionistas han ganado poder adquisitivo.

Las cuentas son sencillas. Mientras que la pensión de 1.000 euros iniciales se eleva hasta los 1.007 euros el pasado año -y 1.010 euros en 2017-, si se hubiera actualizado la pensión pública cada mes según el IPC en diciembre la nómina para los jubilados habría sido de 902 euros.

El problema es que el entorno de deflación o bajo crecimiento de los precios ha sido estacionario, y toca a su fin. En diciembre llegó el primer aviso, y en enero lo ha hecho con más fuerza con un índice de precios al consumo en el 3%, por el encarecimiento de la luz y de los productos relacionados con la energía.

Los expertos esperan que el IPC se mantenga alto en la primera mitad del año y tienda a reducirse en la segunda, a media que se disipe el impacto de los mayores precios actuales del petróleo respecto a hace un año. No obstante, algunos economistas ya han revisado al alza sus previsiones de inflación, aunque cuenten con que se produzca la tendencia mencionada. Es el caso del panel de expertos de Funcas, que ha incrementado en dos décimas el IPC promedio esperado para 2017, hasta el 2,4%.

PÉRDIDA (REAL) DE DINERO

Si se cumplen estas previsiones, la pensión pública de 1.000 euros en 2013 actualizada con la inflación sumará 1.010 euros en abril. Es decir, en cuatro meses se disipará la ganancia del poder adquisitivo, ya que esta cifra es la nómina para este año con las revalorizaciones anuales del 0,25%. Así, el pensionista típico del ejemplo iniciará en dos meses una tendencia que se prolongará en el tiempo: perder poder adquisitivo por un crecimiento de su pensión inferior al IPC. Al término de 2017, la brecha será ya de 186 euros entre lo que debería ganar en función de la inflación, y lo que cobrará realmente.

El retorno de los precios se debe principalmente a efectos como la luz y el petróleo. De hecho, el IPC subyacente, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos no elaborados, se ha situado en el primer mes del año en el 1,1% interanual. Por ello, el impacto temporal en el aumento real de las pensiones y de todo aquel ingreso que no se actualice con la inflación es muy elevado. Pero continuará, como muestran diferentes estudios del Banco de España o de la Unión Europea, que proyectan una tasa de sustitución -pensión recibida en comparación con el último sueldo- por debajo del 60% en cuatro décadas, mientras que ahora está cerca del 80%.

“Hay que dejarse de fantasías y tener en cuenta que el sistema está desbordado por la demografía. Los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo deben hacer pedagogía y establecer plazos de discusión para realizar reformas. Una vía es caminar hacia el modelo sueco con las cuentas nocionales”, insiste Díaz Giménez, que apunta en la misma dirección que un estudio publicado por Fedea de José Ignacio Conde-Ruiz. Aunque no todos los expertos comparten el mismo pesimismo. “Tenemos un buen sistema de la Seguridad Social que hay que reforzar con más ingresos, algo que se puede hacer con las cotizaciones”, asegura Carlos Bravo, miembro de la comisión ejecutiva de CCOO.